Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) quiere que el Gobierno inste al Ministerio Fiscal a anular las condenas o multas que ya se hayan impuesto a piquetes sindicales tras derogar el artículo del Código Penal que las permite, así que como se idemnice a los afectados por los daños causados.
Así consta en una proposición no de ley que será debatida en la Comisión de Empleo del Congreso y que los republicanos catalanes han presentado como complemento a la proposición de ley del mismo tenor que ya registraron la semana pasada. En el texto, que recoge Europa Press, ERC recuerda que el derecho de huelga está protegido por la Constitución y por la Carta Internacional de los Derechos Humanos, y critica que esté «siendo limitado de facto» por la política «represiva» que el Ejecutivo ‘popular’ ha aplicado en los últimos años, aprovechando una «rémora del articulado legislativo franquista» y como «advertencia al sindicalismo activo». SUPRIMIR EL ARTICULO 315.3Por ello, plantea suprimir el punto 3 del artículo 315 del Código Penal, que prevé penas agravadas de cárcel de entre 21 y 36 meses o multas de entre 18 y 24 meses a quienes, actuando en grupo o individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga.
Además, incluye una disposición para que las causas en tramitación queden sobreseídas y para que el Ministerio Fiscal realice las actuaciones necesarias para revisar las sentencias condenatorias ya dictadas y para anular las condenas y restaurar o indemnizar por los daños causados. Estos emplazamientos son similares a los que los republicanos catalanes recogen en una proposición de ley que plantea directamente la modificación del Código Penal en los términos mencionados. MAS PENA POR IMPEDIR LA HUELGAAmbas iniciativas se suman a las que tienen registradas en la Cámara Baja tanto el PSOE como Podemos. Los socialistas, que incluyeron esta iniciativa en su primera batería de propuestas parlamentarias al inicio de la legislatura, exigen suprimir este precepto en su totalidad e instar a los jueces o tribunales a revisar las sentencias firmes dictadas conforme a la actual redacción de la norma.
Por su parte, la formación morada va más allá y reclama tanto derogar el citado punto como modificar el resto del artículo para elevar las penas de prisión a quienes impidan o limiten el ejercicio de huelga o la libertad sindical, desde los actuales dos años hasta tres años, además de imponer multas de seis a doce meses. Igualmente, plantea que si las conductas antisindicales se llevan a cabo «con fuerza, violencia o intimidación», y no únicamente con coacción como reza actualmente la norma, se impongan «penas superiores en grado», que podrían superar a los castigos previstos actualmente de cárcel de 21 a 36 años o multas de 18 a 24 meses. Podemos pide también sobreseer las causas actualmente en tramitación y que el Ministerio Fiscal anule las condenas ya dictadas en un plazo máxima de quince días; así como que promueva la revisión de todas las situaciones penitenciarias que pudieran existir, cancele los correspondientes antecedentes penales e indemnice a quienes hayan quedado privados de libertad o devuelva el dinero de las multas con los intereses legales aplicables.
