La ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor, ha asegurado este miércoles sobre Uber, la plataforma que pone en contacto a usuarios y conductores y que vuelve a operar en España a partir de este miércoles, después de que su actividad fuese suspendida a finales de 2014 tras recibir la sentencia formal que le prohibía dar servicio en el país, que «cualquier empresa que quiera operar tiene que hacerlo en las mismas condiciones que el resto».
En declaraciones a los periodistas en Lepe (Huelva), donde ha firmado un protocolo de colaboración con el Ayuntamiento de la localidad para la ejecución del acceso desde el enlace 117 de la A-49 al Centro Hospitalario de Alto Rendimiento (Chare) de la costa occidental de Huelva, y preguntada por este asunto, se ha referido al lanzamiento en Madrid de uberX, aplicación que conecta con conductores profesionales que operan vehículos con licencia VTC (alquiler de coches con conductor).
Al respecto, ha remarcado que «cualquier empresa de transporte público tiene que cumplir los requerimientos que están en nuestro ordenamiento jurídico, todas y cada una de las empresas que quieran operar en el sector de transporte».
En este sentido, ha precisado que el papel de la Administración es «velar para que se cumpla la ley y a eso nos vamos a dedicar siempre, ya que cualquier empresa que quiera operar tiene que hacerlo en las mismas condiciones que el resto de las que están en el mercado», ha incidido Pastor.
«Yo velo por el cumplimiento de la ley y por tanto quien quiera operar tiene que cumplir, pagar sus impuestos y cumplir con el ordenamiento jurídico español», ha insistido la ministra en funciones.
Según la compañía, este servicio permite un ahorro medio respecto a las alternativas tradicionales de transporte «de un 30 por ciento en los trayectos más habituales y de hasta un 40 en viajes al aeropuerto».
Por su parte, Uber ha criticado la regulación española del transporte, que considera de las «más restrictivas de Europa» y señala que la aprobación en noviembre de 2015 del Real Decreto que modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT) en materia de arrendamiento de vehículos con conductor en España «supuso la confirmación de unas restricciones desproporcionadas a la competencia».
