El responsable económico del equipo negociador del PSOE, Jordi Sevilla, ha lamentado este jueves el «mal dato» de la desviación del déficit del cierre de 2015 y lo ha atribuido a la «política electoralista» del PP, que en plena campaña bajó el IRPF. Y ha reconocido que el recorte adicional que implica «hace más difícil la gestión del próximo gobierno».
En una rueda de prensa en Ferraz, el exministro de Administraciones Públicas ha subrayado que el dato final del déficit –que lo eleva al 5,16% frente al 4,2% que exigía Bruselas– demuestra que el Gobierno ahora en funciones «mintió» en reiteradas ocasiones, la última vez en febrero, cuando el presidente, Mariano Rajoy, dijo que acabaría en el 4,5%. También mintió, ha dicho, cuando, antes de las elecciones del 20 de diciembre, «dijeron que podían bajar el IRPF porque el déficit iba bien». Y ahora se ve, ha dicho, que esa «rebaja electoralista» ha costado «exactamente lo mismo que la desviación del déficit» de la que han informado. Por eso, y dado que los miembros del Ejecutivo en funciones «no tienen credibilidad», se ha preguntado «por qué tenemos que creernos estas cifras» que acaba de dar el responsable de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. LO PRIMERO, UNA AUDITORIA EXTERNAAsí, ha avisado que lo primero que tendrá que hacer el próximo gobierno una vez tome posesión será encargar a la autoridad fiscal independiente una auditoría sobre «la situación real de la herencia presupuestaria» que «deja» el PP.
Sevilla ha remachado que estos datos hacen aún «mucho más urgente un cambio de gobierno» y ha admitido que dificultan la labor del próximo inquilino en La Moncloa. De hecho, ha reconocido que los socialistas están «muy preocupados» por que la desviación «deja un lastre muy importante sobre el conjunto de España y sobre el próximo gobierno». Eso sí, el responsable económico –que ha explicado que antes de comparecer ha hablado con su homólogo en Ciudadanos, Luis Garicano– ha subrayado que el acuerdo del PSOE y el partido de Albert Rivera garantiza que no habrá recorte social y que no se subirán los impuestos a las rentas del trabajo. Según ha dicho, ambos han compartido la visión de que el dato final «complica la gestión» al próximo gobierno. Y si consiguen poner en marcha su acuerdo de gobierno, ha afirmado, el objetivo sería emprender una negociación con las autoridades europeas para relajar la senda de cumplimiento del déficit. Además, espera que Bruselas «suspenda la aplicación de las eventuales sanciones» derivadas de la desviación en 2015. A su juicio, estos datos son «un fracaso sin paliativos de la política presupuestaria del PP» que, por consiguiente, es «imputable exclusivamente al Gobierno del PP», que no ha querido aplicar la ley de estabilidad presupuestaria en año electoral, que impulsó el propio Montoro, y que va a dejar a España con un déficit público mayor que el que recibió en 2011. Por eso, ha insistido, el «principal riesgo que tiene el país» ahora es que continúe el Gobierno de Rajoy «aunque sea en funciones». De hecho, ha defendido que este Ejecutivo del PP «no está legitimado para enviar un nuevo programa de estabilidad a Bruselas». Y no lo está, ha recalcado, «por estar en funciones y por la ausencia total de credibilidad que ha demostrado estos últimos años», que se empieza a «conocer ahora» y de la que cree que habrá «más datos» en los próximos meses. Por eso, ha advertido, «si quiere cumplir con la normativa europea y si para entonces no hay formado un nuevo gobierno», cuando en abril tenga que enviar el nuevo programa de estabilidad para España, debería «ir al Parlamento y sentarse a negociar con los grupos parlamentarios». A su juicio, y no sólo por esto, es «urgente un cambio» en La Moncloa y un gobierno que, «como figura en el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos», se comprometa a «que los españoles no paguen los platos rotos presupuestarios del Gobierno del PP» y garantice que no va a haber subidas del IRPF, recortes en gasto social y se negocie una nueva senda de cumplimiento «más creíble». Además, ha tratado de desmontar el argumento de Montoro, que ha acusado a las comunidades autónomas del dato final, subrayando que si ha habido una desviación en las autonomías ha sido por los incumplimientos de Rajoy, que no les ha dotado de ingresos suficientes para financiar sus gastos y no aplicó adecuadamente en su momento la ley de estabilidad presupuestaria.
