Los concursales de Pérez Giménez defienden su labor y no entienden la «animadversión» de UGT

Los administradores concursales de Laboratorios Pérez Giménez, ante las críticas que han recibido desde UGT, han defendido este lunes su labor al frente de la citada farmacéutica cordobesa, en concurso de acreedores desde hace más de cuatro años, y han dicho no entender la «animadversión» que, desde un principio, han sufrido por parte de los representantes del citado sindicato.

Para empezar y a través de un comunicado remitido a Europa Press, la Administración Concursal ha asegurado que «la reunión en la que se alcanzó el acuerdo entre los concursales y la adjudicataria», Globalaeronautic, para hacer efectiva la compra de la farmacéutica por dicha sociedad «no fue forzada» por el Juzgado de lo Mercantil número uno de Córdoba, «sino pedida expresamente por la Administración Concursal, limitándose el juzgado a dar curso legal a tal petición».

Además, según los concursales, «la intervención de los sindicatos CTA y UGT en dicha comparecencia fue precisamente a petición expresa de la Administración Concursal. En tal sentido cabe recordar que en el anterior incidente promovido por Globalaeronautic sobre la venta de la unidad productiva y que terminó por sentencia del juzgado de lo mercantil de 16 de enero pasado (favorable a la Administración Concursal), Globalaeronautic no pidió intervención alguna de los sindicatos, por lo que los mismos estuvieron ausentes en tal proceso», que era «igualmente vital para la venta de la unidad productiva».

Junto a ello, según ha asegurado los concursales, «es falso que la Administración Concursal tenga que pedir certificación alguna para el levantamiento de cargas hipotecarias. La adjudicación se realizó libre de cargas y así consta en resolución judicial firme (auto de adjudicación de 2 de junio de 2014)», pues que «quienes tienen que emitir las correspondientes certificaciones prestando su consentimiento al levantamiento de las cargas (en ejecución de la citada resolución judicial) son, como no puede ser de otra manera, los acreedores hipotecarios, en concreto AEAT, TGSS y la Junta de Andalucía», que son los «únicos que hasta la fecha no han prestado su consentimiento».

Por otro lado, «afirmar alegremente que los administradores concursales no han trabajado nunca ni quieren trabajar en este proceso», como ha hecho UGT, les parece a los concursales «una grave falsedad, además de una gruesa falta de respecto a los cinco profesionales que integramos la Administración Concursal».

Entienden los concursales que «los hechos hablan por si solos sobre el ingente trabajo realizado en un procedimiento iniciado hace más de cuatro años», puesto que los administradores concursales «no han dejado de actuar en ninguno de los 50 incidentes concursales (juicios) que se han originado dentro del concurso, ni en las 14 piezas separadas del mismo, además de haber defendido y seguir defendiendo a la concursada en todos los procesos judiciales existentes extramuros del concurso de acreedores».

Así, los concursales afirman haber «ejercitado acciones en interés del concurso (acciones rescisorias y de reintegración) que han supuesto pronunciamientos judiciales favorables para el concurso por importe superior a los tres millones de euros», y han «interesado las correspondientes responsabilidades de los ex gestores de la compañía en la pieza de calificación del concurso, en la que, por cierto, el citado sindicato no se ha tomado la molestia de personarse».

A este respecto, según han subrayado los concursales, «no está de más recordar que a la fecha se han desestimado (igualmente mediante resoluciones firmes a día de hoy) las tres peticiones de separación de la Administración Concursal (una de ella instada por el propio sindicato UGT), no dándose ni siquiera curso a las tres denuncias que dicho sindicato interpuso contra los concursales ante la Fiscalía de Córdoba».

«Precisamente –continúa el comunicado de los concursales– en defensa de los intereses laborales es hacía donde se ha focalizado gran parte del trabajo de los administradores concursales de Laboratorios Pérez Giménez», pues la propia Audiencia Provincial de Córdoba, el pasado 25 de marzo de 2015, «estimó parcialmente el recurso de apelación de Globalaeronautic debido a que los concursales se separaron del plan de liquidación al exigir un aval bancario a Global que garantizara el compromiso de recolocación laboral».

Es más, «ha sido firme propósito de los concursales el que la adjudicataria abonara las nóminas atrasadas de los 40 primeros trabajadores cuyas relaciones laborales tenía que asumir con sucesión de empresa», para lo cual, según han argumentado los concursales, «no era obstáculo el que a día de hoy estuvieran despedidos, en cuanto que procede el cumplimiento por equivalente de toda resolución judicial, proclamado en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero cesó en tal postura una vez visto que aquellos a quienes les correspondía la defensa de los intereses laborales (las organizaciones sindicales) renunciaron a tal pretensión del pago de nóminas adeudadas en la comparecencia judicial celebrada».

POSTURA DE UGT

Por último, los concursales afirman no comprender «la abierta animadversión que el sindicato UGT viene manteniendo desde el principio del concurso contra la Administración Concursal ni los intereses que pueden justificar tal irregular proceder», pues, «tirando de hemeroteca puede traerse a colación como dicha organización sindical defendió una inviable propuesta de convenio del último administrador social de la compañía, que no alcanzó los apoyos ni del 5% de los acreedores y que supuso una demora en el proceso de, al menos, seis meses, con el conseguiente perjuicio para los trabajadores que tenía en aquella época la empresa».

Frente a ello, los concursales, según ha subrayado, se han «limitado a dar estricto cumplimiento a la legalidad vigente, habiéndose enfocado» sus «esfuerzos siempre al mantenimiento de la actividad». De hecho, «guiados por tal finalidad y para evitar la venta por lotes, los concursales hemos interesado hasta dos modificaciones del plan de liquidación, que fracasaron por causas exógenas a los concursales: la primera, a causa de la negativa de las entidades financieras a admitir la mejor oferta presentada por la unidad productiva por parte de la entidad LPG Pharmula, y la segunda, a causa del efecto que produjo en el proceso de venta el recurso de apelación que interpuso la TGSS, el cual fue posteriormente desestimado por la Audiencia Provincial».

Igualmente, «no está de más recordar que en toda la historia de la ya lamentablemente desaparecida Laboratorios Pérez Giménez, S.A., la única vez que el comité de empresa ha acudido como invitado a una junta general de accionistas fue precisamente a invitación de los administradores concursales, cuando tuvieron que asumir la gestión de la sociedad al separarse del cargo al anterior administrador social».

Finalmente, los concursales han señalado que solo ellos saben «el gran sacrificio personal, familiar y profesional que ha supuesto el concurso de acreedores de Laboratorios Pérez Giménez, sin que proceda ni solicitemos reconocimiento alguno por ello, pero desde luego lo que no puede admitirse es la gratuita difamación, ni aviesa tergiversación de los hechos que recurrentemente se viene realizando en los medios de comunicación contra nosotros y siempre por los mismos individuos, cuyos motivos e intereses verdaderos desconocemos».

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