Podemos propone mañana al Congreso reducir a 50.000 euros la cuantía a partir de la cual existe fraude fiscal

Podemos propondrá este martes a la Comisión de Justicia del Congreso modificar el Código Penal para reducir a 50.000 euros la cuantía a partir de la cual existe fraude fiscal, de modo que se pueda aplicar a estos defraudadores penas de prisión, multa y/o pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones públicas o beneficios de Hacienda o la Seguridad Social.

Con su proposición no de ley, que recoge Europa Press, la formación morada pone el acento en la pérdida de ingresos que el fraude fiscal conlleva para las arcas públicas, y que repercute de forma directa en los derechos y servicios sociales que reciben los ciudadanos.

«Y mientras se acrecienta la desigualdad motivada por los recortes, las rentas altas acumulan el 72% del fraude fiscal total», denuncia Podemos, que considera que la lucha contra este fenómeno es ahora mismo «más necesaria que nunca» y que el Estado debe «perseguir y castigar firmemente» estas conductas «altamente reprochables».

DELITO A PARTIR DE 120.000 EUROS

Por eso, el partido que lidera Pablo Iglesias considera que «no es razonable» que según el actual Código Penal sólo exista delito fiscal cuando el fraude supera los 120.000 euros, sobre todo habida cuenta de que los delitos contra la Hacienda de la UE o contra la Seguridad Social tienen como referencia los 50.000 euros.

Y, por ello, aboga por una «profunda revisión de la totalidad de los tipos de los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social» regulados en el Código Penal, comenzando por la «homogeneización» de los tipos de fraude y unificando el umbral en los 50.000 euros.

Por eso, propone «iniciar los trámites» para aprobar un proyecto de ley que reforme los artículos 305 y 308 del Código Penal, en aras a «rebajar la cuantía de la defraudación constitutiva de delito a 50.000 euros», así como aportar más recursos a la Agencia Tributaria para combatir este tipo de delincuencia.

Además, la iniciativa plantea también la necesidad de que la Inspección tributaria publique el número de delitos fiscales denunciados el año pasado y la deuda media descubierta en cada expediente, datos que «no se han incluido en el Plan de Control Tributario» de 2016.

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