El PSOE reclama una «actuación eficaz» de las instituciones frente a los «fraudes masivos» de los bancos

El PSOE ha reclamado este miércoles a las instituciones públicas que lleven a cabo una «actuación eficaz» frente a los «fraudes masivos» a los usuarios de las entidades financieras que se han producido en los últimos años, y se ha comprometido además con la asociación Adicae a trabajar en este sentido.

En una nota de prensa, el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso , Miguel Angel Heredia, se compromete a «seguir profundizando la defensa de los consumidores y usuarios», contando para ello con las aportaciones de los defensores de los consumidores y usuarios como Adicae, con cuyos representantes se ha reunido en la Cámara Baja.

En el encuentro, al que también ha asistido la portavoz parlamentaria de Consumo del PSOE, Pilar Serrano, se han analizado asuntos como la tutela judicial efectiva frente a los fraudes masivos al ahorro, la entrada en vigor del nuevo Euríbor el próximo 4 de julio o la situación de los más de 2 millones de familias afectadas por las cláusulas suelo.

MEJOR TUTELA JUDICIAL

En este sentido, el diputado andaluz ha recordado que los socialistas llevan años reclamando «una mejora de la tutela judicial colectiva de consumidores y usuarios» ante los «fraudes masivos al ahorro que han afectado a cerca de un millón de familias en España», lamentando que el PP se haya «opuesto» una y otra vez durante la pasada legislatura con el «rodillo parlamentario» de su mayoría absoluta.

También ha puesto de manifiesto que la entrada en vigor el próximo 4 de julio del nuevo Euríbor «va a afectar a las hipotecas que muchos españoles están pagando por sus casas» y ha exigido que «los afectados tengan una correcta información de cómo les va a afectar».

Finalmente, sobre las cláusulas suelo, Heredia espera que haya «cuanto antes una sentencia favorable» a la macrodemanda interpuesta por Adicae para pedir el fin de su aplicación y la devolución total de lo cobrado, una petición que está secundada por la Comisión Europea (CE) y «previsiblemente» por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

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