El secretario general de UGT, José María Alvarez, ha asegurado este sábado que la organización sindical UGT en Andalucía ha asumido «como nadie» la responsabilidad política ante casos que «ya están en los juzgados», en referencia a las presuntas facturas irregulares de subvenciones públicas y el caso de los cursos de formación.
Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas antes de comenzar el acto de clausura del 11º Congreso de UGT-A, donde ha reclamado «celeridad» y ha considerado «necesario y conveniente» que la justicia actúe «de manera justa». «Este sindicato y UGT-A ha tomado medidas, no en este congreso sino inmediatamente cuando salieron los temas, como no ha hecho ninguna organización en este país. No hemos esperado a un congreso, la dirección de UGT-A son compañeros que no tenían responsabilidad en aquel momento. Antes de que haya ninguna justicia, nosotros políticamente ya hemos tomado las decisión que había que tomar», ha subrayado. Así, ha afirmado que el sindicato ha hecho «lo que tenía que hacer», al tiempo que ha insistido en «respetar» la justicia y «esperar a que haya sentencias. Por su parte, la recién reelegida secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, con el 71,37 por ciento de los votos, ha señalado que este asunto «sí se ha tratado en el congreso», toda vez que ha reclamado el derecho a la presunción de inocencia. «Estamos en democracia y cuando la presunción de inocencia no existe o no se tiene, se pone en peligro el estado democrático», ha advertido Castilla, quien también ha mostrado «el máximo respeto a la justicia». «En el momento que su señoría se pronuncie, si hay algo, tendrán que responder, pero mientras tanto todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario», ha cerrado.
