El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha advertido este sábado de que si el Gobierno central no convoca la conferencia de presidentes ante el «conflicto institucional» que se ha generado entre el Ejecutivo de Marino Rajoy y las comunidades autónomas por el déficit, habrá una «autoconvocatoria» de los líderes autonómicos.
Puig se ha expresado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras mantener una reunión con el equipo directivo de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, encabezado por su titular, Vicent Soler, y los miembros del Grupo de Expertos de Financiación José Antonio Pérez y Francisco Pérez para analizar la situación financiera de la Generalitat. El jefe del Consell ha dicho que se tienen que reunir los presidentes autonómicos para «dar una solución al desvarío institucional del Gobierno de España». A su juicio, «la desviación del déficit de las administraciones públicas españolas no se puede residenciar en las comunidades autónomas». Ximo Puig responsabiliza del incremento del déficit de España a «decisiones políticas como una reforma fiscal absolutamente imprudente, la desviación en la Seguridad Social o lo que hace referencia a la amnistía fiscal», ya que «si hay una pérdida de ingresos, se desequilibran las cuentas». El ‘president’ ha dicho que ha mantenido contactos con otros presidentes autonómicos y existe «un sentir generalizado». «Mucho más allá de cualquier partidismo, hay un interés general para dar respuesta institucional a un problema institucional que ha creado el Gobierno de España», ha aseverado. «El problema del déficit se debe abordar de forma sensata, colectiva y dando una respuesta que no puede pasar por la satanización de las comunidades», ha dicho. Así, ha insistido en que las autonomías, «queremos cumplir con el déficit, pero con otras condiciones y participar claramente en un desarrollo constitucional de lo que es el Estado». Ximo Puig también ha criticado que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pretenda que se apliquen recortes y, sobre este tema, ha advertido de que en la Comunitat Valenciana «recortar más sería dejar a personas sin atención sanitaria, a niños sin colegio o dejar de cumplir la Ley de Dependencia». «No estamos dispuestos a que los ciudadanos valencianos paguen las malas decisiones políticas que se han tomado por la distribución del déficit en España», ha resaltado. «LA CARTA DE MONTORO NO TIENE CONTESTACION POSIBLE»Preguntado por si responderán a la carta que Montoro ha enviado al Consell, en la que el ministro dice que la Comunitat debe «seguir adoptando las medidas cuantificadas de reducción de gastos e incremento de ingresos», Puig ha subrayado que este escrito «no tiene contestación posible». «Contestar a esta carta es decir a los ciudadanos que van a tener menos recursos básicos», ha apostillado.
El jefe del Consell ha destacado que la Generalitat es «un Gobierno serio, riguroso, que quiere cumplir el déficit y que sabe que la estabilidad presupuestaria es un elemento de credibilidad», pero ha insistido en que «con las condiciones de financiación actuales es imposible el cumplimiento». INFRAFINANCIACIONEn esta línea, ha dicho que el «problema grave» de la autonomía valenciana es la infrafinanciación, lo que «hay que solucionar de raíz». Al respecto, ha aplaudido la decisión del Consejo de Ministro de crear un comité de expertos para abordar la reforma del modelo de financiación, pero entiende que se va a hacer «tarde y mal». En cualquier caso, espera que se trabaje «de una forma objetiva, clara y transparente para que haya un nuevo sistema», que se base en la igualdad entre ciudadanos y la singularidad de los territorios.
Por otro lado, Puig ha subrayado que la Generalitat ha recibido una carta de la Comisión Europea, en la que anuncia que ha levantado la suspensión a la Comunitat Valenciana de los 60.000 millones de euros «bloqueados por la gestión del Gobierno anterior». En el escrito la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Generalitat dice que en la Comunitat «se han eliminado las deficiencias significativas en los sistemas de gestión y control de la intervención en cuestión y se han corregido los gastos irregulares de una declaración de gastos certificada». Por tanto, «puede levantarse la suspensión y pueden reanudarse los pagos intermedios», señala.
