PSOE exige al Gobierno evaluar y corregir la ayuda de 426 euros a parados y prorrogarla mientras haya fondos

El PSOE quiere que el Gobierno evalúe con los agentes sociales el Programa de Activación para el Empleo –los 426 euros de ayuda para parados de larga duración con cargas familiares puesto en marcha en diciembre de 2014– para corregir sus deficiencias, con la vista puesta en prorrogar su duración mientras haya fondos disponibles y que no termine el próximo día 15 como está previsto.

Así consta en una proposición no de ley presentada por el PSOE para su debate en la Comisión de Empleo del Congreso y a la que ha tenido acceso Europa Press. Según se recuerda en el texto, el objetivo de este programa era «alinear» las políticas activas y pasivas de empleo, concediendo una ayuda económica a parados de larga duración a cambio de que participen en un programa de recualificación laboral.

«En teoría era el primer paso de algo más ambicioso», subrayan los socialistas, que lamentan que tras más de un año en vigor apenas se haya llegado al 25% de los 400.000 beneficiarios potenciales calculados por el Ministerio de Empleo, sólo 14.000 personas se hayan reincorporado al mercado laboral y se hayan dejado sin gastar más de 1.000 millones de la partida inicial.

Datos de los que se puede concluir que la aplicación del «único acuerdo» del Gobierno de Mariano Rajoy con los agentes sociales en toda la legislatura haya supuesto «un fracaso».

PRORROGAR Y MEJORAR

Por ello, el PSOE plantea en su iniciativa que se lleve a cabo una evaluación de la aplicación del Programa para «corregir sus deficiencias», entre las que se señalan algunas que deberían modificarse.

Por ejemplo, se pide eliminar requisitos de acceso como haber sido previamente preceptor del Prodi, el Prepara o la Renta Activa de Inserción (RAI), o haber sido despedido del trabajo antes de agotar algunas de esas prestaciones.

Además, los socialistas creen que para poder acceder a la subvención la contratación debe ser de 180 días y a tiempo completo, y que las causas de baja en el programa tienen que ser las mismas que en la RAI, reestableciendo además el procedimiento administrativo común en casos de carencia de documentación y no haciendo recaer en el demandante la no asignación de un tutor o la no elaboración del itinerario personalizado de inserción.

Con estos cambios, el Gobierno debería prorrogar el programa mientras siga habiendo fondos para financiarlo y no se modifiquen las razones que llevaron a su aprobación. No obstante, sería necesario adoptar medidas para que los Servicios Públicos de Empleo publiciten la existencia de esta medida de una manera más eficaz.

Esta iniciativa está en línea con los deseos manifestados por los sindicatos, que temen que el Gobierno no prorrogue la ayuda y piden ampliar su vigencia durante al menos seis meses más, modificando los criterios «restrictivos» que existen actualmente.

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