Podemos quiere restringir los ámbitos en los que se pueden aprobar encomiendas y endurecer sus condiciones

Podemos quiere restringir los ámbitos en los que una administración pública puede recurrir a una encomienda de gestión para llevar a cabo una obra o servicio, así como endurecer las condiciones de este tipo de contratación, para evitar la creación de una «administración paralela» y la afección al empleo público.

Así consta en una proposición no de ley que la formación morada ha registrado para su debate en la Comisión de Hacienda del Congreso y que recoge Europa Press. En el texto se lamenta el «uso y abuso» de las encomiendas de gestión que se ha «generalizado» en España a raíz de la crisis, bajo el pretexto de «reducir costes y agilizar procedimientos» en la gestión de los servicios.

Una práctica «cada vez más frecuente y arbitraria» que conlleva una «feroz desnaturalización de la función del empleo público», perjudica y empeora la calidad de este tipo de puestos de trabajo y además afecta a los procedimientos de licitación pública y concurrencia al ser ajena a los principios de contratación pública generales.

«Se hace necesario implantar mecanismos de seguimiento y control de las encomiendas de gestión», cree Podemos, para la que hace falta modificar la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público para ampliar la restricción de prestaciones encomendables, de modo que no se acabe creando «de facto una administración pública paralela».

REQUISITOS HOMOGENEOS

En concreto, la formación ve «evidente» la necesidad de regular los requisitos y aspectos determinantes de las encomiendas, su régimen económico, criterios homogéneos para establecer las tarifas, procedimientos para su tramitación y su adecuado seguimiento y control, incluyendo un límite general a la subcontratación que le es aplicable a la entidad pública a la cual se le encomienda la prestación del servicio.

Esto significa también modificar la Ley de Contratos del Sector Público para que los organismos que reciban encomiendas de gestión estén sujetos a las mismas normas de contratación que sus organismos encomendantes.

Finalmente, la formación morada aboga por eliminar la tasa de reposición que durante los últimos cuatro años ha imperado en el sector público –del 0% en la mayor parte de los ámbitos– porque está «suponiendo destrucción de empleo», lo que a su vez redunda en un mayor recurso a la encomienda.

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