Cinco millones de españoles no puede calentar su hogar en invierno, según ACA

El 11 por ciento de los hogares de España, donde viven 5,1 millones de ciudadanos, no pueden calentar su vivienda en invierno hasta alcanzar una temperatura adecuada, según el III Estudio ‘Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética. Nuevos enfoques de análisis’, presentado este jueves por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA).

El estudio destaca el incremento del 22 por ciento en los dos últimos años y apunta que Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia, son las cuatro comunidades autónomas con mayor incidencia de pobreza energética.

El trabajo de ACA desvela que el 11,1 por ciento de los hogares se declara «incapaz» de mantener su vivienda a una temperatura adecuada y esta cifra sitúa a España por encima de la media europea que está en un 10,2 por ciento.

Además, hasta el 21 por ciento de los hogares españoles experimentan condiciones asociadas a la pobreza energética y un 6 por ciento, que representa a 2,6 millones de ciudadanos destinan más del 15 por ciento de sus ingresos familiares a pagar las facturas energéticas.

El estudio indica también que el 7 por ciento de los hogares está en situación de pobreza energética donde los ingresos del hogar son menores que la renta mínima de inserción (417 euros al mes en 2014). Esto significa que casi 5 millones de españoles apenas tienen con qué vivir, una vez pagados los gastos de hogar y de energía.

El trabajo concluye también que existen diferencias entre comunidades autónomas y las zonas rurales y urbanas. En concreto, esta desigualdad sitúa a Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia como las más vulnerables tanto en 2007, justo al inicio de la crisis, como en 2014. Por el contrario, las que presentan menor vulnerabilidad son País Vasco, Principado de Asturias y Comunidad de Madrid también en los mismos años.

En cuanto a la densidad de población, los indicadores de gasto apuntan a una mayor incidencia en las zonas rurales o poco pobladas, por lo que tendrían que ser abordado de forma diferente a las áreas urbanas y periurbanas.

El estudio analiza también las características socioeconómicas de los hogares con mayor vulnerabilidad y concluye que según el nivel educativo, casi un tercio (31%) de los hogares que no saben leer ni escribir se situarían como hogares en pobreza energética según el indicador del 10%, frente al 7% que registran los hogares con estudios superiores.

Según la situación laboral los desempleados, nuevamente, vuelven a mostrar tasas más elevadas que otros grupos como los trabajadores por cuenta propia, por cuenta ajena o los perceptores de pensiones contributivas. En 2014, el 21 por ciento de los hogares con desempleo presentaron retrasos en el pago de las facturas, frente al 7 por ciento de los hogares trabajadores.

Las tasas más elevadas en pobreza energética son los hogares con personas mayores, familias monoparentales y las familias con tres o más niños dependientes, frente a otras tipologías de familias. El estudio recomienda que esto debería tenerse en cuenta a la hora de definir al consumidor vulnerable.

Respecto a las condiciones de vivienda, las que están en régimen de alquiler y aquellas con rentas más bajas son las que presentan tasas más altas de pobreza energética, tanto en los indicadores de gastos e ingresos como en los basados en declaraciones y percepciones, que las viviendas en propiedad.

MAS ESFUERZO PARA PAGAR LAS FACTURAS

El estudio también analiza la incidencia de la pobreza energética por niveles de renta para aproximarse al concepto de desigualdad energética, concluyendo que los hogares con rentas más bajas gastan menos por persona y unidad de superficie de la vivienda, pero realizan un sobreesfuerzo para asumir las facturas.

Los hogares con rentas más bajas gastan 3 euros por metro cuadrado menos que las personas con mayores rentas pero, a pesar de esto, destinan un 12 por ciento de su renta al pago de las facturas de energía doméstica, frente al 3 por ciento de los hogares con las rentas más altas.

El trabajo concluye también que la pobreza energética influye en la salud de las personas y, al mismo tiempo, los hogares con problemas de salud tienen más riesgo de padecer pobreza energética.

Así en el año 2014, el 18 por ciento de los hogares con alguna persona con mala salud en el hogar, se declaraba incapaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada, frente al 10 por ciento de los hogares que no contaban con ninguna persona con mala salud. Así, este indicador evidencia que los hogares con pobreza energética se duplican en los que tienen una mala salud.

De hecho, ACA subraya que esta situación podría ocasionar el 30 por ciento de las muertes adicionales de invierno, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En 2014, la mortalidad adicional de invierno promedio en España fue de 24.000 muertes por lo que más de 7.000 fallecimientos prematuros estarían asociados a la pobreza energética.

En comparación, cerca de 4.000 personas murieron al año en accidentes de tráfico en el periodo 1996 – 2014, y se estima que la contaminación atmosférica causa 33.000 muertes prematuras al año en España.

PROPUESTAS Y SOLUCIONES

El informe propone también soluciones como una actuación coordinada en entre diferentes actores y niveles de la administración por medio de una estrategia estatal de lucha contra la pobreza energética que involucre a los tres niveles de la administración, a las empresas suministradoras, ONGs y a los movimientos ciudadanos.

En este contexto, reclama que se impulse la rehabilitación energética de edificios con enfoque de pobreza energética, como solución a medio y largo plazo a esta problemática y como medida preventiva para reducir la vulnerabilidad futura de la población. También plantea la reformulación del bono social para adaptarlo a la realidad de los consumidores vulnerables.

Otras de las propuestas pasan por actuar en el ámbito de los cortes de suministro con cambios legislativos y ampliar el acceso a fondos de ayuda para las situaciones más vulnerables, así como por reformar las políticas de financiación de eficiencia energética para beneficiar a los hogares vulnerables y con dificultades para invertir en su vivienda.

Por último, propone fomentar la formación a colectivos vulnerables en temas de hábitos de consumo y eficiencia energética; mejorar la transferencia y el uso de información relevante para una mejor toma de decisiones, incluida la recogida de estadísticas oficiales.

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