Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha registrado en el Congreso una solicitud para crear una subcomisión, en el seno de la Comisión de Industria, que estudie los sobrecostes en los que ha incurrido el proyecto de almacenamiento de gas Castor, que «debía costar unos 500 millones de euros y terminará costando alrededor de 5.000 millones».
Según su solicitud, que recoge Europa Press, los independentistas catalanes consideran justificada la propuesta por el incremento de gasto que sufrió el proyecto durante su ejecución, por la «sospecha de que parte de ese aumento se ha hecho de manera ilícita o ilegal», y por el «blindaje legislativo» del que gozaba el contrato con Escal UGS, que le garantizaba una indemnización pública «a pesar de su evidente negligencia» y «fuera la inversión exitosa o no». Además, Esquerra recuerda que los españoles tendrán que seguir pagando por este proyecto fallido los gastos de mantenimiento hasta que no se desmantele la plataforma, cuya construcción se concedió a «una empresa participada por Florentino Pérez sin que conste proceso de concurrencia ni publicidad». HAY «MUCHAS SOMBRAS»«El proceso administrativo está lleno de opacidades y de exención de informes preceptivos como la evaluación medioambiental o el riesgo sísmico», continúa la propuesta, que achaca a esta falta de controles los más de mil movimientos sísmicos que se produjeron en la zona y que motivaron la suspensión de actividad, primero, y el cierre e hibernación de la planta, a posteriori.
En este contexto, ERC considera que sobre el proyecto Castor pesan «muchas sombras», recordando que incluso hay abiertos procedimientos judiciales para determinar posibles responsabilidades penales «tanto del Consejo de Administración de la empresa concesionaria por prevaricación ambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales, como del personal técnico de la misma Administración pública». No obstante, más allá de esas responsabilidades, Esquerra cree que el Parlamento debe dirimir también las responsabilidades políticas, para lo cual sería necesario constituir una subcomisión que revise todo el procedimiento de autorización del Castor, analice el aumento de gasto, evalúe la eficiencia de los informes que se exigieron, analice la viabilidad económica y financiera del proyecto y determine si «se pudo incurrir en un trato de favor» en la adjudicación. Todo en aras a, en un plazo de seis meses, «señalar las responsabilidades técnicas y políticas que se puedan derivar», analizar las consecuencias para el interés público o general del procedimiento, y hacer un seguimiento del cumplimiento de la iniciativa parlamentaria aprobada el pasado 29 de marzo que mandaba al Gobierno a desmantelar las instalaciones.
