La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, cree que el anuncio del Gobierno de elevar el objetivo de déficit de las comunidades autónomas del 0,3 al 0,7 por ciento del PIB supone «dejar sin efecto» las cartas remitidas a las diferentes comunidades pidiendo recortes, aunque cree que el Gobierno «debe decirlo y confirmarlo» ya que «el relato no puede quedar inconcluso y sería bueno que el Gobierno lo aclare para que no haya confusión».
En declaraciones a Europa Press, la consejera ha mostrado su «satisfacción» en nombre de Andalucía, puesto que considera que este cambio en el objetivo de déficit para las comunidades «ha sido una reivindicación de Andalucía y de las comunidades y supone una batalla ganada para las comunidades y para el Estado del Bienestar». Tras recordar que «lo importante es saber sobre qué políticas se recorta no quien lo hace», ha reiterado la importancia de preservar las políticas sociales, educación, sanidad y Seguridad Social, por lo que se felicita por este cambio, aunque reconoce que «habrá que esperar a leer la letra pequeña porque solo conocemos el anuncio y no tenemos información directa de lo que ello significa». «Hay que estar alerta de que esto no tenga letra pequeña y queremos creer que hemos convencido al Gobierno, que se ha tenido que dar cuenta de que las comunidades no podíamos hacer recortes y necesitábamos oxígeno», ha indicado Montero, que espera un movimiento del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro». En ese sentido, Montero entiende que tras este anuncio «quedan sin efecto las cartas a las comunidades, pero habrá que esperar a que el Gobierno mueva ficha, y convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)», algo que está previsto para el jueves de la semana próxima. No obstante, la consejera ha indicado que ella, tras el ultimo CPFF, ya había solicitado una nueva reunión de carácter bilateral con el Gobierno, que está todavía sin respuesta. «Las comunidades no íbamos a hacer recortes y planteamos que eso no era posible, todas las comunidades de todos los signos», ha aseverado Montero, que espera que este nuevo anuncio «no sea un brindis al sol y tenga base de realidad, espero que no tenga ni letra pequeña ni ninguna condicionalidad ni ningún componente electoral». Montero cree que el cambio de actitud «puede deberse a la contundencia con la que las comunidades hemos respondido a la carta de no disponibilidad, diciendo que no eran posibles esos recortes, y hubo unanimidad en la respuesta, fuera del signo que fueran». «Habrán pensado en ello y han replanteado esa cuestión». Añade que también ese cambio de actitud puede haber venido porque el Gobierno «tenga información que no compartió en su momento y ve deseable la flexibilización del objetivo» y espera que la UE «sea inteligente y atienda esa petición», toda vez que las comunidades «llevamos recorriendo una pendiente por un período prolongado y necesitamos respirar». «ESPERO QUE EL ANUNCIO SEA SERIO»Ha advertido de que si este anuncio no es serio «el Gobierno estará metiendo en un lío a las administraciones territoriales; espero que sea serio y no sea una anuncio porque estén cerca las elecciones, eso sería bastante irresponsable».
Montero espera ahora un movimiento del Ministerio, que «tendrá que dejar sin efecto las cartas de no disponibilidad que había remitido a las comunidades y rectificarlas». La consejera cree que «ha hecho falta una coordinación» en este tema, toda vez que «era extraño que De Guindos anunciara mayor senda de flexibilidad en el objetivo y dos días antes no nos comunicaran nada de esto». «Es difícil interpretar el relato de los hechos, parece que hay una falta de coordinación, pero el relato ha sido complicado y confuso, por lo que ahora tendrá que aclarar qué pasa con sus peticiones y exigencias a las comunidades autónomas; lo tiene que decir para que no quede el relato inconcluso ni confuso». El Gobierno ha decido repartir el nuevo margen de déficit público, de hasta ocho décimas –tras elevarlo del 2,8 por ciento del PIB al 3,6 por ciento para 2016–, a partes iguales entre las comunidades autónomas y la Seguridad Social, según ha informado el Ministerio de la Presidencia. Así, las comunidades autónomas no tendrán que reducir su déficit en 2016 del 1,66 por ciento del PIB al 0,3 por ciento, como estaba previsto, sino hasta el 0,7 por ciento, lo que hace que este esfuerzo sea «mucho más asequible», según el Gobierno, que recuerda además que este objetivo del 0,7 por ciento «es el que tenían que haber cumplido las comunidades autónomas en 2015 y que sólo alcanzaron tres de ellas», en referencia a Canarias, Galicia y el País Vasco.
