La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha señalado este jueves que el Gobierno central «no ha dotado económicamente las partidas presupuestarias» para que se pueda completar el abono de la paga extraordinaria del año 2012 a empleados públicos «en el resto de administraciones» del Estado, como las comunidades autónomas.
Así lo ha indicado en declaraciones en los pasillos del Parlamento a preguntas de los periodistas sobre la convocatoria, por parte del sindicato CSIF, de movilizaciones en todas las provincias andaluzas para exigir a la Junta el abono del 75 por ciento pendiente de la paga extraordinaria del año 2012, así como la restitución a los empleados públicos andaluces de todos los derechos perdidos, entre ellos la jornada laboral de 35 horas semanales. Este anuncio se ha producido después, además, de que se haya conocido que el Gobierno central devolverá el 50 por ciento pendiente de la paga extra de 2012 a los trabajadores de la Administración General del Estado. La consejera de Hacienda ha apuntado que en relación a esta materia «el Gobierno andaluz ha sido franco y claro, y ha trasladado siempre la misma posición, antes y después de las elecciones». Así, ha indicado que desde la Junta se está «negociando un calendario de recuperación de derechos» para los empleados públicos, y ha recordado que «en febrero se abonó un 25 por ciento de esa paga extra». «En los ejercicios sucesivos hay que seguir poniendo la fecha de pago o de compromisos adquiridos del resto del 75 por ciento de la paga extra», ha añadido Montero, que también ha subrayado que desde la Junta se está «avanzando en este año en los días adicionales de vacaciones» de ese colectivo de empleados. En todo caso, ha aseverado que lo que no va a hacer la Junta «en ningún caso» es «usar a los funcionarios con fines electoralistas como está haciendo el Gobierno de España», y por eso va a «mantener lo mismo antes y después de unas elecciones», lo cual «significa que vamos a seguir negociando con ellos un calendario de recuperación de derechos». Al respecto de las movilizaciones anunciadas por CSIF, la consejera ha apuntado que «es lógico que las organizaciones sindicales, tras el anuncio del Gobierno, intenten que las comunidades autónomas o las administraciones locales puedan plantear algo similar», si bien ha remarcado que «el Gobierno de España no ha dotado económicamente las partidas presupuestarias para hacerlo en el resto de administraciones». En esa línea, ha insistido en apuntar que el anuncio del Gobierno en relación al 50 por ciento pendiente de la extra de trabajadores de la Administración General del Estado «parece que es una cuestión puramente electoralista», realizado «justo en el momento en que parece inminente la convocatoria de elecciones» generales. Así, ha apuntado que «el compromiso» de devolución de esa cantidad pendiente se había alcanzado «a principios de año» pero «no se había hecho efectivo», por lo que «parece que responde a una estrategia puramente electoral», según ha insistido para concluir.
