Ence ha indicado que su fábrica de Pontevedra necesita «inversiones sujetas a la aprobación de permisos por las autoridades», por lo que la decisión final sobre las mismas «se retrasará hasta final de año», cuando se esperan esos permisos.
Así, la inversión final debería materializarse en 2017, según señala la compañía de energía y celulosa en la presentación de sus resultados del primer trimestre remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, la compañía incluye en su plan estratégico unas inversiones de 135 millones de euros en esta fábrica, que se reparten entre mejoras de eficiencia y aumento de capacidad (30 millones de euros), una nueva depuradora de agua (15 millones de euros), mejoras medioambientales (12 millones de euros), un proyecto de integración paisajística (4 millones de euros) y la instalación de una planta biomasa de 31 megavatios (74 millones de euros). En la presentación remitida al organismo supervisor, la empresa señala que el ‘cash cost’ registrado en el primer trimestre ha sido afectado por «incidencias operativas no recurrentes», así como por la parada anual de mantenimiento de la fábrica de Pontevedra. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente otorgó a la compañía la prórroga de la concesión de su fábrica de Pontevedra por 60 años, tras lo cual la Comisión de Medio Ambiente del Congreso aprobó el 6 de abril una proposición no de ley que instaba al Gobierno a anular la prórroga. La compañía considera que «la actual situación parlamentaria» está provocando una «desmedida politización de la concesión» y recalca que el procedimiento de renovación de la misma ha seguido «rigurosamente» los trámites legales. «La proposición no de ley en el ordenamiento jurídico español es una proclamación política, sin efectos jurídicos ni vinculantes para el Gobierno», indica la compañía.
