El portavoz de IU-Unidad Popular en el Congreso, Alberto Garzón, ha registrado este martes una batería de preguntas sobre el impacto en las cuentas públicas que tendrá la deuda financiera de las autopistas de peaje quebradas, ante las informaciones que apuntan que podría pasar a manos de diferentes fondos buitre.
En una nota de prensa, Garzón recuerda que la deuda total de las ocho concesionarias podría ascender a 3.800 millones de euros –dos tercios en manos de entidades financieras nacionales– más unos 470 millones de deuda comercial con las constructoras y otros 1.200 millones por las expropiaciones. «En total, casi 5.500 millones de euros que amenazan a las cuentas públicas si atendemos a la responsabilidad patrimonial de la Administración», resume el diputado, que en cualquier caso quiere que el Ejecutivo le traslade por escrito las cifras oficiales para «contrastarlas» con las que se han publicado. CAMBIO DE MANOAdemás, el dirigente de IU advierte de que los acreedores de las concesionarias «podrían estar valorando la posibilidad de vender su deuda, en particular a fondos buitre, con quitas considerables», incluso «superiores» a las que el propio Ministerio de Fomento puso sobre la mesa hace unos meses y fueron rechazadas por «excesivas».
«Ahora sin embargo, cuando las entidades financieras han provisionado en sus balances el fracaso de estas autopistas y ante las incertidumbres que genera el propio proceso de su liquidación, los acreedores estarían dispuestos a cerrar acuerdos renunciando al cobro de hasta el 90% de los créditos», critica Garzón. Por eso, pregunta al Ejecutivo «cómo afectará al Estado el proceso de cambio de propietario de la deuda de las autopistas» y qué datos maneja sobre «el interés de fondos buitre en adquirir esta deuda con quitas considerables».
