La Comisión de Fomento del Congreso cerrará su actividad en esta legislatura debatiendo una proposición no de ley de En Comù Podem –la confluencia con la que Podemos se presentó a las elecciones generales en Cataluña– sobre desahucios y dación en pago.
En su texto, que recoge Europa Press, la formación catalana critica el escaso impacto que, a su juicio, han tenido las reformas aplicadas por el Gobierno del PP durante la pasada legislatura, que se suman a la existencia de cientos de viviendas vacías en todo el país. Por eso, y justo antes de que se disuelvan las Cortes por la convocatoria de nuevas elecciones generales, En Comù reclama que se tomen medidas para evitar desahucios de la vivienda habitual sin una alternativa habitacional garantizada, precisando que cuando el que solicita el lanzamiento es un gran tenedor de vivienda esté obligado a ofrecer un contrato de alquiler social, encargándose de ello las administraciones públicas en caso contrario. Pero, además, se recupera la exigencia de cancelar las deudas vinculadas a situaciones de sobreendeudamiento personal o familiar por causas sobrevenidas, respondiendo de ellas únicamente con el bien garantizado, que tendrá que ser subastado por el 100% de su valor de tasación. Es decir, que se aplique la dación en pagoPOBREZA ENERGETICA
La propuesta también se refiere a la lucha contra la pobreza energética, indicando que cuando la vivienda habitual sea liquidada por el acreedor para cubrir la deuda , deberá hacer una oferta de alquiler social que no supere el 20% de los ingresos de la familia o el 30% si se incluyen los gastos en suministros.
Asimismo, habrá que garantizar el derecho de acceso al suministro de agua, gas y electricidad a las familias en riesgo de exclusión, prohibiendo a las empresas suministradoras los cortes sin un informe previo de la administración, so pena de ser sancionadas. En Comù reclama también una tarifa social a cargo de las compañías de suministros que no supere el 10% de los ingresos de la unidad familiar. FIN DE LAS CLAUSULAS SUELOPor otra parte, se exige la eliminación automática y sin previa exigencia del titular de las cláusulas declaradas abusivas por el Tribunal de Justicia de la UE, como por ejemplo las cláusulas suelo; y se propone impulsar la creación de un parque público de alquiler usando las viviendas vacías que poseen los grandes tenedores de vivienda mediante su cesión a las administraciones.
En el ámbito del alquiler, la confluencia catalana de Podemos también plantea la necesidad de garantizar los derechos de los arrendatarios para que el alquiler sea una «opción estable, segura y asequible» y, para ello, exige recuperar la renovación obligatoria de contrato durante cinco años –dos más que actualmente– o la actualización anual de previos en base al IPC. Asimismo, insta a promover mejoras procesales para poder oponerse judicialmente a un desalojo así como derogar los llamados ‘desahucios exprés’ en los pisos en alquiler. Por último, el texto recoge la petición al Gobierno de que no recurra ante el Tribunal Constitucional (TC) la Ley de Emergencia Habitacional aprobada por el Parlamento de Cataluña en julio del año pasado, y que recoge muchas de estas medidas.
