El chófer del exbanquero Mario Conde, Felix Leonardo Loza, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, como investigado por efectuar varios ingresos a una cuenta bancaria asociada al expresidente de Banesto entre 2004 y 2014, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
El magistrado ha citado para este martes al conductor de Conde y a otros dos acusados, que también se han negado a responder a las preguntas del instructor y la Fiscalía en la causa, que se encuentra bajo secreto y que investiga la creación de un entramado empresarial para repatriar 13 millones de euros procedentes del ‘caso Banesto’. Pedraz investiga a Loza por haber ingresado dinero en una cuenta abierta en marzo de 2004 en una sucursal de Pollensa (Mallorca) de la que era titular la hija del expresidente de Banesto, Alejandra Conde, y que recibió un total de 550.249 euros entre el 12 de marzo de 2004 y el 27 de noviembre de 2014, constando entradas que oscilaban entre los 200 y los 10.000 euros. Los ingresos fueron realizados por Alejandra Conde, el chófer Felix Leonardo Loza Ruiza, Felix Castells Sonier y un tal «Carlos», «muy probablemente el autorizado Carlos Castaño», según sospecha el magistrado, que considera que la cuenta sirvió para cargar los gastos del servicio doméstico, los abonos del club náutico, los recibos de teléfono y el sueldo de los guardeses Carlos Castaño y Catalina Cerdá, que trabajaban en las fincas de la familia en Can Poleta y cuyos sueldos pasaron a ser asumidos en mayo de 2011 por la empresa Gi Beteligung. Las comparecencias se han producido con anterioridad a la vista que celebrará el jueves la Sección Tercera de la Sala de lo Penal para estudiar el recurso que la defensa de Mario Conde ha presentado contra la prisión incondicional, al entender que no concurre en su caso un riesgo de fuga ni de destrucción de capitales. Pedraz investiga la comisión de presuntos delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, frustración de la ejecución –de sentencias dictadas contra Conde como la del ‘caso Banesto’ y otras– y ocho delitos contra la Hacienda Pública. En concreto, Conde fue condenado en las causas conocidas como ‘Argentia Trust’ (sentencia de la Sala de la Audiencia Nacional de 20 de marzo de 1997 y del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 1998) y ‘Banesto’ (sentencia de la Sala de la Audiencia Nacional de 31 de marzo de 2000 y del Tribunal Supremo de 29 de julio de 2002). Según explica el magistrado en el auto en el que envió a Conde a prisión, la trama la constituían ocho sociedades radicadas en Reino Unido, Países Bajos, Luxemburgo, Italia y Emiratos Arabes, que emitían los fondos. En concreto, se trata de Galloix Holding (Suiza), Higher Productions LTD (Reino Unido); Dryset LYD (Reino Unido); Matoral BV(Países Bajos); GI Beteiligund SA (Luxemburgo), Mayfield Bisiness LTD (Reino Unido) , Rupani Jelly Fish (Emiratos Arabes) y GMM Italia. El entramado contaba también con ramificaciones en las Islas Vírgenes y Curaçao. El dinero se recibía en tres empresas nacionales tras las que se encontraba el propio Conde: Barnacla SL, Black Royal Oak y Oleificio Español que, a su vez, estaban participadas por otras compañías de ramos tan dispares como la cosmética o la agricultura.
