La Comisión Europea ha solicitado este miércoles más información a la Junta de Castilla y León para determinar si el grupo Lactalis se ha beneficiado de ayudas estructurales europeas para llevar a cabo la deslocalización de la planta que afecta a los trabajadores de Lauki en Valladolid, cuyo caso se ha debatido este miércoles en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, ante el que han denunciado su situación.
El Ejecutivo comunitario ha confirmado que el grupo «no se ha beneficiado de fondos en los años recientes», desde luego «no desde 2014», pero ha reclamado que envíen «información complementaria» para poder «dar una respuesta más completa sobre este punto y en relación a la financiación del periodo de programación previo» durante el debate. «No hemos recibido todos los elementos del caso», ha admitido la representante de la Comisión Europea, que ha pedido «más detalles por escrito para poder examinar» el caso y dar «una respuesta más completa». Eso sí, el Ejecutivo comunitario ha querido dejar claro que «respecto a la decisión del grupo Lactalis de cerrar la planta, la relocalización de compañías como tal no es contraria a la legislación de la Unión Europea, porque es una expresión del principio de libertad de establecimiento». «La Comisión no tiene poder sin embargo para interferir en decisiones de una compañía privada para reestructurar o relocalizar sus operaciones», ha incidido la funcionaria comunitaria. Sí ha dejado claro no obstante que la reestructuración de una empresa «debe tener en cuenta sus consecuencias económicas y sociales» y ha recordado que las empresas, en el caso de los despidos colectivos, deben «reducir el número de trabajadores afectados y explorar medidas para mitigar sus consecuencias, especialmente acompañándolo con medidas sociales». El Ejecutivo comunitario ha apelado a una reestructuración en todo caso «socialmente responsable», al tiempo que ha considerado «positivo» que se haya aplazado cuatro meses el cierre de la planta para «permitir la búsqueda de un comprador» tras admitir que aunque la Comisión espera que las compañías cumplan los principios de la responsabilidad social corporativa, es «voluntario». La Consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha instado al Ejecutivo comunitario a aclarar «si fondos estructurales europeos pueden ser utilizados para este fin» de deslocalizar empresas. «Nos consta que se han dado a Lactalis», ha dicho durante el debate del caso en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, en la que ha insistido en la importancia de que «la Comisión pueda prevenir» este tipo de situaciones, también «en el futuro». Marcos ha dejado claro que los fondos estructurales son «para generar cohesión y no para deslocalizar y generar desigualdades entre unons y otros territorios» y ha pedido que no se impida la venta a otra empresa del sector lácteo para garantizar que los 85 trabajadores de Lauki puedan seguir haciéndolo, apelando a la responsabilidad social corporativa de la empresa, aunque sea «voluntario». En declaraciones posteriores a la prensa, ha insistido en que la Comisión debe «investigar el perjuicio» para los trabajadores de Lauki fruto de «la deslocalización planificada» y «el despido colectivo» del grupo Lactalis, que ha reducido a la mitad el número de trabajadores desde el año 2010 «no por falta de competitividad» -el año pasado generó dos millones de euros en beneficios– sino «para cerrar la fábrica» y llevar la producción a otra planta del grupo donde los trabajadores ganen menos. «Eso es cuando menos inmoral» y «no se puede consentir», ha denunciado Marcos, que ha incidido en la necesidsad de derminar si además está «conculcando el propio objetivo de la Comisión Europea si se hubieran utilizado fondos estructurales» concebidos «como fuente de desarrollo rural, equilibrio, sostenibilidad y de garantía de equidad entre territorios» para deslocalizar su producción y «poder cerrar la planta de Valladolid». «Tenemos constancia de que ha habido concesiones públicas de fondo estructurales que hayan podido facilitar el cierre de la planta», ha abundado, si bien ha admitido no que cuentan con una cifra determinada porque el grupo se ha podido de beneficiar de ayudas en cualquiera de sus plantas en Europa. Marcos ha explicado que por su parte enviarán «toda la información» publicada en los Boletines oficiales de «concesiones que haya podido tener asignadas» y «documentación sobre la deslocalización planificada» y aunque no hay plazo para que la Comisión Europea emita su dictamen final del caso ha admitido el interés en «abreviar los plazos» teniendo en cuenta que quedan dos meses y medio de los cuatro que ha dado Lactalis para vender la empresa. «Es muy difícil encontrar un comprador que no sea del sector lácteo para una factoría láctea», ha alertado la consejera de Agricultura castellanoleonesa, quien ha subrayado la importancia del compromiso de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, Cecilia Wikström, de dirigirse al Consejo de Administración de Lactalis para apelar a su responsabilidad corporativa social y «facilite» su venta a una empresa del sector. «También pedirán informaciön a Lactalis y al resto de las regiones de la UE para saber si han recibido fondos», ha explicado. La presidenta de la Comisión de Peticiones ha confirmado que mantendrá abierto el caso con el apoyo unánime de todos los grupos políticos y ha insistido en la necesidad de «aclarar» si Lactalis ha hecho «un uso irregular de los fondos de la unión Europea» o «si ha habido alguna violación de las normas».
