La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) reclama al Gobierno que fije un coste del Servicio Postal Universal (SPU) en el que se asegure el cumplimiento de la normativa europea sobre ayudas públicas.
En una nota con motivo de la publicación de su nueva metodología para fijar el SPU, la CNMC señala que la Dirección de Competencia de la Comisión Europea está investigando una serie de ayudas públicas recibidas por Correos en el periodo entre 2004 y 2010. A la vista de estas actuaciones, pide al Gobierno que la nueva metodología de cálculo del coste neto del SPU que finalmente adopte el Ejecutivo, previo informe de la CNMC, asegure el cumplimiento de la normativa europea de ayudas públicas. El regulador recuerda que, en enero de 2011, entró en vigor la Ley del Sector Postal y estableció un SPU que consiste en un «conjunto de servicios postales de calidad determinada en la ley y sus reglamentos de desarrollo, prestados en régimen ordinario y permanente en todo el territorio nacional y a precio asequible para todos los usuarios». La Ley encargó su prestación a la Sociedad Correos y Telégrafos (Correos) por un periodo de 15 años, de modo que la vigencia del contrato es efectiva hasta 2025. Las obligaciones que comporta su financiación deberían haberse establecido en un «Plan de Prestación del SPU» y en un «Contrato Regulador de la Prestación del SPU», que debe aprobar el Gobierno previo informe de la CNMC. Este plan debe definir en concreto el ámbito y las condiciones de prestación del servicio postal universal impuestas al operador, así como la metodología para el cálculo del coste neto y la carga financiera injusta soportada en el cumplimiento de las condiciones de prestación por el operador. Además, el plan debe recoger los criterios de funcionamiento y pago del fondo de financiación del SPU que habrán de tenerse en cuenta para determinar la contribución del Estado. Sin embargo, han transcurrido 5 años sin que el Gobierno haya cumplido con esta obligación legal, dificultando la actividad supervisora de la CNMC, que es el organismo competente para determinar la denominada «carga financiera injusta» que le supone al operador designado prestar el SPU, señala el propio organismo. Estos cálculos deben realizarse con periodicidad anual y a partir de la verificación del coste neto del SPU. Esta labor está pendiente desde 2011, cuando entró en vigor la nueva Ley reguladora del sector postal, a falta de una metodología de cálculo del coste neto. LA PROPUESTA DE LA CNMC. La CNMC publica ahora una propuesta metodológica para el cálculo del coste neto del SPU. Esta propuesta metodológica, explica el regulador, no prejuzga el contenido del informe preceptivo que deberá elaborar la CNMC cuando el Gobierno le presente su propuesta de conformidad con el artículo 22.3 de la Ley del sector postal. La propuesta metodológica de la CNMC trata de estimar la diferencia entre el coste neto que le supone al operador designado prestar dicho SPU con las obligaciones que le impone el servicio público y un escenario hipotético en el operara sin las citadas obligaciones. En el modelo, también se tienen en cuenta las garantías y ventajas inmateriales y de mercado que puede tener el operador (por ejemplo, los beneficios intangibles que le supone a Correos que su marca esté asociada a la prestación del SPU), el derecho a obtener un beneficio razonable, así como los incentivos dirigidos a obtener la eficiencia de costes.
