Delegado del Gobierno en la CCAA valenciana dice que no hay ningún «agravio» por las cartas que ha remitido Hacienda

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha asegurado, sobre el envío de cartas efectuado por el Ministerio de Hacienda a entidades locales de la Comunitat Valenciana exigiéndoles la disolución de empresas públicas locales, que «no hay ningún agravio» a esta autonomía, puesto que se están remitiendo misivas a localidades de todo el territorio nacional. Asimismo, ha puesto énfasis en que esa medida no afecta a la prestación de los servicios públicos, «que no se tocan».

Moragues, que ha realizado estas manifestaciones a preguntas de los medios en Elche (Alicante), ha señalado que «se están enviando cartas a todos los municipios de todo el territorio nacional, por lo que no hay ningún agravio respecto a una comunidad». La decisión, ha proseguido, «deviene de la Ley de Racionalización de Entidades Locales que establece que si hay empresas públicas con déficit se proceda, o bien a sanearlas, o extinguirlas».

«Cuando hablamos de déficit público, lo que queremos es buscar la sostenibilidad de las cuentas. Nuestro compromiso en la reducción del déficit es evidente pero siempre manteniendo los servicios públicos básicos y fundamentales y, si queremos hacerlo, es un escenario de estabilidad presupuestaria, de tipos de interés bajo para hacer frente a la deuda y tener más dinero para los servicios públicos», ha razonado.

«COMPROMISO CON LA UE»

Moragues ha añadido que el 70% del gasto de este país es pensiones, desempleo, sanidad y educación y servicios sociales. «Y lo que queremos es mantenerlo. Para eso, tenemos un compromiso con la UE de reducir el déficit y con la colaboración y coordinación de autonomías y entidades locales lo que trasladamos es ese compromiso con la estabilidad presupuestaria se cumpla. Y con esas cartas, se ha recordado lo que prevé la ley», ha aseverado.

El representante del Ejecutivo central ha incidido en que «los servicios públicos fundamentales no se tocan». «Cuando se crea una empresa pública –ha dicho– es una gestión indirecta del servicio público, en lugar de realizarlo el ayuntamiento crea el instrumento que es la empresa pública. En ningún caso se va a poner en duda o en peligro ese servicio porque lo puede prestar el ayuntamiento competente».

«Lo que queremos es que sanear las empresa públicas, reestructurar el sector público, y cada euro es sagrado porque viene de los ciudadanos y que queremos es mirarles a la cara y decirles que su euro lo hemos destinado de forma eficaz y destinado a su calidad de vida», ha finalizado.

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