La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, se ha mostrado tajante ante la ocupación ilegal del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) de la finca de Somonte, propiedad de la Junta de Andalucía, en la localidad cordobesa de Palma del Río, pero, no obstante, se ha mostrado dispuesta a hablar «con todo el mundo» para buscar fórmulas para mejorar la gestión de las fincas públicas.
En una entrevista concedida a Europa Press, la consejera ha destacado que la ocupación de Somonte es una cuestión que está en los juzgados y, por tanto, «serán los tribunales los que finalmente decidirán». En este sentido, ha indicado que mantenido una reunión con el que fuera secretario general del SAT Diego Cañamero, actualmente diputado en el Congreso por Unidos Podemos para zanjar este asunto. «Le dije que no admitimos ilegalidades ni privilegios a nadie. Se está ocupando una finca ilegalmente y eso no tiene más nada que hablar», ha recordado. Por otra parte, en cuanto a la gestión de fincas públicas, la consejera se ha mostrado abierto a buscar fórmulas para mejorar la gestión de la fincas públicas de la Consejería, en el marco del anteproyecto de la ley de agricultura, cuyo «borrador está prácticamente acabado». Entre estas fórmulas, ha señalado la opción de que la gestiones jóvenes, ayuntamientos o cooperativas, entre otras posibilidades. «Estamos abiertos a contemplar cualquier fórmula, pero de otra manera no hay posibilidad de hablar, porque se trata de una situación ilegal y estamos hablando en los juzgados», ha apostillado. Cabe recordar que la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural gestiona en torno a 4.800 hectáreas de suelo de valor agronómico, en las que se generan unos 5.000 jornales anuales. Esta cantidad supone el 0,12 por ciento de la superficie agraria útil que hay en Andalucía. Preguntada sobre el paso de Cañamero al Congreso, la consejera ha mostrado su respeto por esta opción personal del sindicalista, y le ha instado a «cumplir la ley» y a trabajar a cambiar las que no le gusten. «Si cualquier ciudadano tiene que cumplir la ley, los políticos, especialmente porque somos más visibles y ejemplo para los ciudadanos», ha subrayado.
