(Ampl) Bruselas obliga a Apple a devolver 13.000 millones por ayudas fiscales ilegales en Irlanda

La Comisión Europea ha reclamado este martes a la multinacional estadounidense Apple que devuelva 13.000 millones de euros por ventajas fiscales recibidas en Irlanda, al determinar tras una investigación en profundidad iniciada en 2014 que constituyeron ayudas públicas ilegales.

El Ejecutivo comunitario ha concluido que Irlanda concedió ventajas fiscales ilegales a la multinacional de Tim Cook que le permitieron pagar «sustancialmente menos» impuestos que otras empresas, un trato «selectivo» según Bruselas que otorgó una «ventaja significativa» a la compañía de la manzana.

Por ese motivo, Bruselas ha exigido a Irlanda que recupere un total de 13.000 millones de euros más intereses, que corresponden al periodo comprendido entre 2003 y 2014. Aunque estas ventajas fiscales comenzaron en 1991, la Comisión Europea puede ordenar la recuperación de ayudas ilegales durante un periodo de diez años anterior a la primera solicitud de información, que en el caso de Apple fue en 2013

La comisaria de competencia, Margrethe Vestager, ha recordado que las normas comunitarias impiden a los Estados miembros conceder beneficios fiscales a empresas seleccionadas. «La investigación de la Comisión concluyó que Irlanda otorgó ventajas fiscales ilegales a Apple (…). Este trato permitió a Apple pagar una tasa efectiva del impuesto de sociedades del 1% de sus beneficios europeos en 2003 que bajó hasta el 0,005% en 2014».

DOS ACUERDOS FISCALES DESDE 1991

La Comisión Europea ha explicado que Irlanda y Apple firmaron dos ‘tax rulings’ o acuerdos fiscales: el primero en 1991, y el segundo, una actualización del anterior, en 2007. Estos beneficios fiscales contribuyeron a reducir «significativamente y artificialmente» los impuestos de Apple en Irlanda desde 1991 hasta 2015.

Estos ‘tax rulings’ beneficiaron a dos compañías que pertenecen al grupo de Tim Cook (Apple International Sales y Apple Operations Europe), que venden y fabrican productos de Apple fuera de América a cambio de realizar pagos anuales a su matriz, que destina las cantidades a la financiación del I+D. Estos pagos son deducibles de los beneficios obtenidos por ambas en Irlanda.

Además, la investigación de Bruselas ha descubierto que la mayor parte los beneficios de ambas eran transferidos a empresas que «sólo existen en el papel» y que «no pueden haber generado tales beneficios». Los beneficios de estas compañías «sobre el papel» no estaban sujetas a ningún impuesto en otro país.

Así, mientras que la mayoría de los beneficios de Apple se trasladaban a empresas que no pagaban por ellos, la compañía de la manzana sólo tributaba una tasa efectiva de impuestos del 1% en 2003, que se redujo hasta alcanzar el 0,005% en 2014.

A modo de ejemplo, según los datos de la Comisión Europea, Apple Sales International registró unos beneficios de unos 16.000 millones de euros en 2011, de los que, bajo los términos del ‘tax ruling’ con Irlanda, sólo 50 millones estaban sujetos a impuestos, por lo que únicamente tributó 10 millones de euros (una tasa efectiva del 0,05%).

ACUSACIONES POR PARTE DE ESTADOS UNIDOS

Este dictamen llega seis días después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusara a Bruselas de actuar como una «autoridad fiscal supranacional», a raíz de las investigaciones contra multinacionales como Apple, Fiat o Starbucks.

La Comisión Europea respondió que no haría una excepción con la compañía de la manzana y que las normas comunitarias impiden conceder ventajas fiscales a una empresa sin que estén disponibles para sus competidores.

Las conclusiones de Bruselas sobre las ventajas fiscales a Apple se suman a los dictámenes que la Comisión Europea anunció en octubre del año pasado sobre Fiat y Starbucks. En ese momento, el Ejecutivo comunitario reclamó a ambas compañías que devolvieran entre 20 y 30 millones de euros por beneficios fiscales recibidos en Luxemburgo y Países Bajos, respectivamente.

En enero, la Comisión Europea reclamó también a Bélgica que recuperase cerca de 700 millones en ayudas públicas ilegales concedidas a 35 multinacionales durante los últimos diez años, a través de un sistema que les permitió deducirse de la base del impuesto de sociedades los denominados «beneficios excesivos».

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