El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a la Comunidad de Madrid a indemnizar a OHL con una cuantía de 47,4 millones de euros para compensar el sobrecoste que se produjeron en la concesión de un tramo de la M-45.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la sala de lo Contencioso Administrativo fija el desequilibrio económico y financiero para la concesionaria, en este caso OHL, en 47’4 millones, cantidad que habrá de ser incrementada en 8,31 por ciento anual adicional hasta la fecha en que se produzca el restablecimiento del equilibrio económico. La Sala estima parcialmente el recurso interpuesto por la empresa y deja acreditado su derecho a obtener el reequilibrio económico y financiero a raíz de los mayores costes de expropiación que se produjeron en este tramo (N-V a N-IV). El fallo expone que este desequilibrio puede compensarse a través de diversas formas previstas en los pliegos. En este caso, sería extender el plazo de la concesión, incrementar las tarifas o abonar la cuantía en metálico. Fuentes del sector exponen que el «único medio factible» sería el pago en metálico, dado que a la concesión no le queda más plazo legal al haberse superado el máximo legal y que por medio de tarifa tampoco sería posible porque se rige por el sistema conocido como ‘peaje en la sombra’. El tribunal establece la cuantía en virtud al informe pericial elaborado por KPMG cuyo dictamen «ha sido ratificado en sede judicial» y que «no ha sido cuestionado ni desvirtuado» por la administración en su escrito de conclusiones. El TSJM reconoce el derecho de la empresa a obtener el «reequilibrio económico y financiero» a consecuencia de sobrecostes de la expropiación de los terrenos necesarios, pues es algo previsto contractualmente. En el informe pericial, se establece que la concesionaria afrontó una cantidad de 75,9 millones con motivo de las expropiaciones desde su inicio hasta el año 2011 y que, deducida la cantidad de 26,4 millones que fue tenida en consideración en 2002, habría afrontado el pago de unos 49,4 millones que «no han sido tenidos en cuenta por la administración». Contra la sentencia cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
