Ciudadanos quiere que las familias recuperen de forma retroactiva el dinero «indebidamente cobrado» a partir de las cláusulas suelo con su entidad financiera y exige al Gobierno en funciones que inicie de forma urgente un cambio legislativo para «garantizar de manera efectiva los derechos de los consumidores y usuarios» ante este tipo de prácticas.
Con este objetivo el grupo parlamentario de Ciudadanos ha registrado una proposición no de ley en el Congreso, a la que ha tenido acceso Europa Press, reclamando que la ley se adecúe a la jurisprudencia establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En este sentido, reclaman que los derechos de las personas afectadas tengan audiencia a nivel nacional y europeo y se faciliten los mecanismos extrajudiciales de mediación y acuerdo con las entidades financieras que se dispongan. La formación política que dirige Albert Rivera ha señalado que la incorporación de este tipo de cláusulas ha supuesto «un problema de primer orden social en nuestro país», al mismo tiempo que «pone de manifiesto la debilidad de nuestra legislación para salvaguardar los derechos de los consumidores y usuarios». Las reformas llevadas a cabo en la ley, aseguran, «siguen resultando insuficientes». El Tribunal Supremo, según recuerda la formación naranja, ha reconocido el carácter abusivo de estas cláusulas por falta de transparencia en sucesivas sentencias. Sin embargo, el alto tribunal defiende la irretroactividad de la declaración de nulidad «atendiendo a razones excepcionales de seguridad y de orden público económico». Ciudadanos, en cambio, defiende que «la regla general debería ser la eficacia retroactiva de la declaración de nulidad de estas cláusulas, destruyendo sus efectos y exigiendo la restitución de todas las cantidades indebidamente cobradas por las entidades financieras desde el inicio del préstamo hipotecario». Una posición que, han subrayado, se ha mantenido en varias sentencias dictadas incluso después de las decisiones del Tribunal Supremo. Por ello, consideran que «por encima de las razones de orden público económico debe reconocerse el quebranto económico que este tipo de cláusulas han supuesto para las familias españolas».
