Los Veintiocho han validado este martes el acuerdo negociado con el Principado de Andorra para el intercambio automático de información de las cuentas bancarias de sus residentes a partir de 2018, como parte de las medidas para combatir el fraude fiscal.
El objetivo es que las autoridades nacionales puedan perseguir a los evasores fiscales y también crear un efecto disuasorio entre aquellos que ocultan que poseen ingresos o valores no declarados en el extranjero. El convenio fue firmado por las partes el pasado mes de febrero, pero necesitaba el visto bueno formal de los Estados miembros, que lo han adoptado en una reunión de Asuntos Generales en Bruselas. En base a este acuerdo, que actualiza uno anterior de 2004, los Estados miembros podrán recibir información relevante de sus nacionales con cuentas en Andorra, por ejemplo el nombre del cliente, la dirección, el número de identificación fiscal (NIF) y el saldo, con lo que los evasores no podrán aprovechar el secreto bancario para ocultar su patrimonio. La Unión Europea cuenta con convenios similares con Suiza y Liechtenstein, y está en frase de finalización formal otros con San Marino y Mónaco.
