El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid estaría abierto a aceptar que el Ministerio de Fomento asuma la gestión de las autopistas radiales quebradas R-3 y R-5 de Madrid en un periodo de nueve meses, con lo que se evitaría así ‘in extremis’ que las dos vías cierren al tráfico este sábado 1 de octubre.
Está previsto que el titular de este Juzgado emita a finales de esta semana su resolución sobre la propuesta planteada por el Ministerio y la eventual clausura de las autopistas, según informaron a Europa Press en fuentes jurídicas. Según estas fuentes, el hecho de que el plan de liquidación de las dos autopistas que los administradores concursales presentan al Juzgado este lunes incluya el compromiso de Fomento de rescatarlas «de forma ordenada», tendrá «alguna influencia» sobre la decisión inicial del juez de dictar su cierre para el 1 de octubre. El pasado mes de mayo, el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid dictó la liquidación de las radiales quebradas R-3 y R-5 «sin efectos suspensivos» y «ordenó» a su concesionaria (una empresa participada por Abertis, Sacyr y ACS) «el cese de la actividad a partir del 1 de octubre de 2016». Se trata de dos de las ocho autopistas de peaje que se vieron abocadas a la quiebra durante la crisis y ahora se asoman a la liquidación, tras no prosperar el plan de rescate que Fomento planteó en 2014 para estas vías, que soportan una deuda de 3.400 millones de euros. A pesar de que Fomento recurrió por distintas vías el auto de liquidación de las dos radiales, finalmente se avino a abrir una negociación con sus administradores concursales para evitar el cierre.En el marco de esta negociación, la pasada semana el Ministerio presentó una carta en la que se comprometía a asumir las autopistas, pero pedía un plazo de unos nueve meses para garantizar un «traspaso ordenado», según detallaron entonces en fuentes conocedoras de la negociación.
El eventual cierre afectaría a los 10.500 vehículos que diariamente circulan por la R-3 Madrid-Arganda y los 7.300 que transitan por la 5 Madrid-Navalcarnero, cifras que además revelan una recuperación de los tráficos. Además, incluiría a los tramos de la M-50 asociados a la concesión de las dos radiales. De otra parte, el compromiso del Ministerio de asumir las vías puede sentar un precedente para el resto de autopistas quebradas, especialmente las otras dos también en liquidación. POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD POR LA RPA. Por contra, al Juzgado de lo Mercantil no le corresponde determinar sobre la activación de la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) ante la actual concesionaria de las autopistas, ni sobre el importe de la misma, que puede suponer una factura de cientos de millones de euros al Estado. El juez titular estima no obstante que el cambio normativo aprobado en abril del 2015 por el actual Gobierno en funciones, por el que se restaría de la RPA los importes pagados por expropiaciones, puede ser «contrario a la Constitución». Por ello, el magistrado ha pedido a las distintas partes implicadas en el asunto que presenten alegaciones al respecto de la posible inconstitucionalidad de la medida, según dichas fuentes jurídicas.
