El Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha abogado por «retocar» la Ley de Defensa de la Competencia de 2007, ya que las sanciones «continúan estando lejos de ser disuasorias».
Durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso, Marín Quemada ha señalado que, en su opinión, la cuantía de las sanciones en materia de competencia, que en 2015 alcanzó cifras récord, «no siempre es equiparable, a veces ni de lejos, al daño que producen los cárteles».
El presidente de la CNMC ha remarcado que las sanciones que se imponen en España «continúan estando lejos de ser disuasorias», por lo que querido dejar sobre la mesa la posibilidad de retocar la Ley de 2007.
A este respecto, ha subrayado que esta es «una gran ley», porque se aprobó con el consenso de todos los grupos parlamentarios tras un intenso proceso de debate y reflexión. «Diez años después de su aprobación y con mucha experiencia en su aplicación, convendría abrir de nuevo este proceso con el mismo rigor», ha agregado. En este contexto, ha reclamado la trasposición de la directiva de daños de la Comisión Europea, que permitirá que los consumidores ejerzan acciones colectivas para reclamar daños por estas conductas, contribuirá a que las empresas se lo piensen dos veces.«Recuerden que en países como Estados Unidos los directivos van a la cárcel por estas infracciones. Nosotros hemos activado una opción que permite la Ley, que es la sanción a los directivos responsables de las conductas ilícitas», ha añadido.
AHORROS DE COSTES. Por otro lado, Marín Quemada ha señalado que un trabajo reciente de la CNMC estima que los cárteles desmantelados por la autoridad de competencia española entre 2011 y 2015 supusieron un ahorro para los consumidores de 640 millones de euros anuales. De hecho, el presidente del organismo ha incidido en que si se tienen en cuenta solo los años completos desde la creación de la CNMC (2014 y 2015) esa cifra aumenta hasta los 1.260 millones de euros anuales.En este sentido, ha calificado de «ejemplarizantes» los más de 500 millones de euros de multas impuestos el pasado año, que ha comparado esta cifra con los algo menos de 400 millones de euros recaudados por la DGT en sanciones de tráfico.
«No hay que perder de vista que en ambos casos, el objetivo fundamental de la actividad sancionadora es disuadir futuras infracciones, no recaudar», ha apostillado.
Respecto a la recaudación de las multas, Marín Quemada ha remarcado que es una tarea que le corresponde al Tesoro Público y ha señalado que entre el 80% y el 90% son recurridas por las empresas denunciadas, que suelen ser las de mayor tamaño.A este respecto, ha admitido que en la justicia española los plazos son «dilatados» y ha reconocido que le gustaría que se acortaran, para lo que ha pedido el apoyo de los parlamentarios.
Sin embargo, ha remarcado que en los procesos que han concluido se han cobrado el 80% de las sanciones impuestas y ha criticado a quienes quieren debilitar la institución con informaciones de que afirman que las multas de la CNMC no se pagan.
