El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha reclamado que las propuestas regulatorias que realiza el organismo en materia energética sean vinculantes, para lo que se le debe otorgar competencias que actualmente corresponden al Gobierno.
Durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso, Marín Quemada ha remarcado que las actuaciones regulatorias en materia energética de la CNMC serían «mucho más eficaces» si el organismo regulador tuviera las competencias que establecen las directivas europeas.«Somos el único regulador de la energía en la UE cuyas decisiones en ámbitos muy relevantes no son vinculantes», ha subrayado el presidente de la CNMC, quien ha recordado que Bruselas tiene muy avanzado un procedimiento contra España por este motivo, que puede derivar en «importantes sanciones» si no se introducen los cambios legislativos que exigen las directivas.
En este sentido, ha indicado que en Europa consideran que determinadas cuestiones es mejor que las lleven a cabo los reguladores, más que los gobiernos «por su independencia, capacidad técnica y grado de transparencia», y ha criticado que la CNMC es una de las pocas autoridades que no tiene determinadas competencias en energía y telecomunicaciones, lo que hace que no sea una «agencia normal» en Europa. «¿Qué justifica que nosotros tengamos un régimen diferente? Esta cuestión no sólo es relevante desde un punto de vista competencial, sino que evitaría que los gobiernos hicieran política industrial a través de las tarifas eléctricas, algo esencial para el bienestar de los consumidores en el largo», ha remarcado.A este respecto, ha advertido de que cualquier Gobierno puede tener la tentación de hacer política con instrumentos de supervisión reguladora, cuando no se pueden mezclar ambas cosas, como ocurre ahora en algunos aspectos.
Marín Quemada ha puesto como ejemplo de los beneficios que tendría para los ciudadanos hacer sus decisiones vinculantes el informe para calcular la retribución de las empresas titulares de instalaciones de transporte de electricidad, donde la CNMC valoró la propuesta del Ministerio de Industria y recomendó cambios que suponen una rebaja del 24% de los costes de operación y mantenimiento. Respecto a las sanciones, ha señalado que en estos tres años se ha impulsado la actividad sancionadora y la atención a los consumidores, «que se ha convertido en una prioridad», y ha agregado que la finalidad de estas es disuasoria, no recaudadora, pese a que ha supuesto importantes ahorros a los consumidores.AENA Y TELECOMUNICACIONES.
En esta línea, ha calificado de «singular» que el marco regulador no dé la última palabra a la autoridad independiente en lo referente a las tarifas de Aena, y que en cambio, corresponda al Gobierno, cuando es el principal accionista de la compañía.«Una buena forma de eliminar estos incentivos perversos es que sea la CNMC quien determine la tarifa regulada, lo que permitiría que en un proceso de gran rigor técnico realizado con transparencia, se valorara y, en su caso, corrigiera la propuesta de Aena que, recordemos, fue parcialmente privatizada», ha incidido.
En el caso del sector postal, ha indicado que la actividad ha tratado de impulsar el proceso de modernización, que no ha discurrido al ritmo esperado. «Que Correos nodisponga todavía de un Plan de prestación del servicio postal universal, algo exigido desde la Ley de 2010, evidencia la dificultad para avanzar en este ámbito», ha apostillado. Respecto al sector de las telecomunicaciones, ha mostrado su preocupación, entre otras cosas, por el proceso de concentración en algunos ámbitos y los incrementos de precios de los denominados paquetes convergentes.«Ya he dicho en público alguna vez que no parece de recibo que si un ciudadano sólo desea contratar servicios de Internet deba pagar por el fútbol o las series. Estamos, por tanto, vigilantes», ha advertido, quien ha remarcado que las mejoras de los paquetes llevan un aumento de calidad pero también siempre de precios.
A este respecto, ha añadido que las subidas de precios en energía o telecomunicaciones son objeto de atención y seguimiento con «una preocupación tremenda», por lo que están siempre pendientes para abrir expedientes cuando encuentran pruebas de prácticas abusivas, que no son fáciles de obtener. Sin embargo, Marín Quemada ha insistido en que no se puede extender esta sospecha de que todas las empresas de telefonía o carburantes lo hacen mal y ha incidido en la importancia de actuar con «rigor, mesura y expedientes».
