El grupo parlamentario de Unidos Podemos tratará de impugnar la Ley de Estabilidad Presupuestaria en todo su conjunto tras presentar un total de 32 enmiendas a la reforma de esta ley orgánica que se someterá a votación este jueves en el Pleno del Congreso.
En su exposición de motivos, el grupo confederal concluye que esta ley es consecuencia de la introducción del artículo 135 de la Constitución –«una reforma frontalmente antisocial», critica– en la que se establece la «prioridad absoluta» del pago de la deuda y sus intereses. Ya en su debate de admisión a trámite de la proposición de ley para modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria del pasado martes, el portavoz adjunto del grupo Alberto Garzón (IU) anunció su intención de «darle la vuelta como a un calcetín» a la norma. En este sentido, el grupo pretende introducir en la norma que fija los principios para lograr la estabilidad presupuestaria y estabilidad financiera una excepcionalidad en el cumplimento de la misma que han calificado de «situación financiera». SUSPENSION DEL LIMITE SI EL PARO SUPERA EL 10%Los límites presupuestarios quedarían suspendidos en caso de registrarse una tasa de desempleo superior al 10% y durante un período en el que la tasa de población en riesgo de pobreza se situara en los cinco años precedentes por encima de la media europea. Consideran que el déficit es consecuencia de registrar una tasa de paro «enormemente alta» y que «la mejor forma de reducirlo es a través de la creación de empleo».
Asimismo, la reforma amplía la posibilidad de incurrir en déficit estructural desde el 0,4% establecido hasta el 1%, considerando todo ello «inversiones que tendrán en el futuro un importante impacto positivo en la economía, en el empleo, y en los ingresos fiscales de las administraciones públicas». SUPRIME MEDIDAS «PUNITIVAS Y COERCITIVAS»Otras enmiendas destacadas son las dirigidas a eliminar los mecanismos de intervención previstos en la ley, las «medidas punitivas y coercitivas» y que se tenga que reducir el déficit un 0,8% anual, teniendo en cuenta, dicen, que «el pacto de estabilidad y crecimiento estipula que el déficit se tiene que reducir un 0’5%». También que el reparto de la reducción del déficit tenga en consideración el gasto social, pues tanto las CCAA y los ayuntamientos soportan la mayor carga de estas partidas y han debido afrontar mayores restricciones.
Por último, otra enmienda modifica levemente el texto del PP para que el acuerdo suscrito entre administraciones para acordar el objetivo de déficit y deuda pública sea ratificado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las CCAA y por la Comisión Nacional de Administración Local. En este sentido, Compromís, adscrito al Grupo Mixto, ha planteado una modificación de la reforma para que, dada la interinidad del Gobierno, el déficit se reparta entre las administraciones «en función del volumen de gasto público que asuman». QUE EL DEFICIT LO APRUEBE EL CONGRESOPor su parte, Esquerra Republicana (ERC) ha introducido otras dos enmiendas a la reforma, consistentes en la forma de aprobar los objetivos de déficit y en su reparto. Así, han propuesto que sea el propio Congreso el que apruebe o no en el plazo de un mes los objetivos que marque el Gobierno, y que en caso de que sean rechazados sea la propia Cámara la que acabe acordándolos.
Asimismo, justificando que no todas las CCAA tienen las mismas competencias ni pueden hacer el mismo esfuerzo en materia tributaria, piden que el objetivo de déficit se distribuya de manera diferente, teniendo como referencia los porcentajes de déficit estructural registrados en 2012.
