En Comú ha registrado en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Gobierno en las que se interesa por la sustitución de contadores eléctricos en la cual, advierten, se está incurriendo en varias ilegalidades y puede suponer un riesgo para la salud.
Los catalanes, a través de su diputado Josep Vendrell, se refieren a la sustitución de contadores de medida en suministros de energía eléctrica con una potencia contratada de hasta 15 kw, de contador electromagnético a telegestionable. Este proceso se realiza en tres fases, habiéndose fijado la última de ellas en 2018. Una de las irregularidades que detecta esta formación –integrada en el Congreso en el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos– es la restricción a la libre competencia que impone una de las compañías distribuidoras, Endesa, pues, denuncian, impide que en su red de distribución se instalen contadores telegestionables no fabricados por Enel –empresa de la que es propietaria–. SIN AVISO AL CONSUMIDORAsimismo, relatan que estos clientes están obligados a aceptar que la sustitución de estos dispositivos se lleve a cabo sin avisarles de la fecha y la hora de esta operación, lo que puede impedirles estar presentes y, por tanto, comprobar si los kw/h indicados por la empresa en la factura posterior, coinciden con los marcados por ambos contadores en el momento de la sustitución.
Esto vulnera otro de los preceptos reguladores de la sustitución de los contadores, una directiva europea de 2012 que insta a las empresas distribuidoras a comunicar a sus clientes la fecha prevista con una antelación de tres meses. En este punto, cuestionan si el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia son conscientes de que las restricciones a la libre competencia por parte de Endesa están prohibidas expresamente en el reglamento comunitario –incurriendo en una ilegalidad–, e inquieren si piensan tomar alguna medida al respecto. Asimismo, también preguntan por si conocen la ausencia de avisos por parte de las compañías. POSIBLE VULNERACION DE LA LEY DE PROTECCION DE DATOSPor otro lado, Vendrell apunta a que la propia instalación de contadores podría estar incurriendo en la vulneración de la Ley de protección de datos, pues la propia agencia llegó a reconocer en 2015 que el tratamiento de estos datos es «especialmente sensible» al acceder a informaciones ajenas a la propia estadística de consumo.
Así, advierte que con los nuevos contadores inteligentes es posible definir hábitos de comportamiento del consumidor, abriendo la puerta a la elaboración de perfiles relacionados con su conducta. El diputado aboga por que este acceso «debería fundarse en el consentimiento inequívoco del afectado», pues supone un riesgo para su privacidad, y pregunta al Gobierno por ello. POSIBLES RIESGOS CONTRA LA SALUDPor último, desde En Comú expresan «la creciente preocupación social en relación a las inmisiones cada día mayores y los posibles efectos sobre la salud de las radiaciones electromagnéticas que emiten los contadores inteligentes, especialmente sobre colectivos sensibles como mujeres embarazadas, recién nacidos, niños, personas mayores, con enfermedades o electrohipersensibles.
En este sentido, apuntan a la falta de comprobación científica sobre la inocuidad de los contadores y demandan la confirmación del Gobierno de que los dispositivos son «absolutamente seguros», preguntan si el Gobierno se ha planteado realizar los estudios necesarios para evaluar si existe algún riesgo, y por una posible paralización de estos planes.
