UGT ha pedido al Gobierno que afronte urgentemente un debate para implantar una prestación de ingresos mínimos para combatir la pobreza.
Según el sindicato, se trata de la primera «asignatura pendiente» que, a su juicio, debería afrontar el poder Legislativo una vez se ha formado Gobierno. El sindicato cifra el número de personas que se encuentran en situación de «pobreza severa» en España en «alrededor de 3,5 millones de personas, a las que suma a 13,3 millones de personas que, según indica, se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social. Además, denuncia que durante los últimos años y los «300 días sin Gobierno» las políticas de protección de la ciudadanía «han sido paralizadas». «Hemos asistido a una permanente pérdida de derechos», asegura. Por ello, pide un «nuevo contrato social que restablezca los derechos sociales perdidos» que incluya dicha prestación, tal como reclamaron las organizaciones sindicales en mayo de este año, mediante una iniciativa legislativa popular presentada en el Congreso, durante la pasada legislatura en la que no se logró formar Gobierno. «Exigimos la urgente puesta en marcha de un nuevo contrato social que reestablezca los derechos sociales y los anteponga a los intereses económicos. La sociedad no puede esperar más porque las situaciones más perentorias continúan aumentando», subraya. El sindicato ha criticado que el actual Ejecutivo «considera incuestionables los recortes impuestos por Bruselas», mientras que, a su juicio, «la solución no consiste en recortar 5.000 millones de euros, sino en invertirlos y recuperar recursos para políticas sociales». «Debe hacerse un replanteamiento de los sistemas de protección social y seguridad económica. El crecimiento económico no es suficiente para reducir la tasa de personas es situación de pobreza. La capacidad redistributiva, que le corresponde al Estado, debe intervenir en la creación de las políticas sociales y en estos momentos debe ser prioritaria, para lograr una mayor cohesión social y equidad en todo el país. A su vez, intervenir en la economía; con el objetivo de cambiar la distribución de la renta, conforme a los principios de solidaridad e igualdad social», argumenta. Por ello, exige la puesta en marcha de la ILP presentada en mayo para crear una prestación y que enmarca dentro del objetivo de «proteger a las personas frente al riesgo de pérdida o carencia de ingresos suficientes», como parte de los Servicios Sociales. «La Prestación de Ingresos Mínimos se debe configurar como una prestación de derecho subjetivo enmarcada en el nivel no contributivo de la Seguridad Social, debiendo garantizarse la financiación vía impuestos, a través de los Presupuestos Generales del Estado», detalla.
