El Ayuntamiento de Barcelona ve indicios penales en la presunta actuación de FCC, que supuestamente defraudó 800.000 euros al Consistorio falseando datos de la gestión del servicio de limpieza viaria y retirada de residuos urbanos que presta en tres distritos de la ciudad entre 2013 y 2015, con lo que ya lo denunció ante la Fiscalía el pasado lunes, según reveló el teniente de alcalde, Jaume Asens.
La Delegación de Barcelona de FCC supuestamente facturó servicios no realizados y manipuló datos de la recogida de residuos, mezclándolos, para no superar unos tramos por los que cobraría menos, defraudando así en 2014 unos 800.000 euros, según desvela el diario ‘El País’ en su edición de este jueves. En rueda de prensa, Asens ha explicado que han abierto diligencias y un expediente informativo para confirmar esta información y que la Oficina de Transparencia identificó que podía tratarse de un caso de fraude con implicaciones penales por un presunto delito de estafa y otro de falsedad de documento mercantil. Junto a la teniente de alcalde Janet Sanz, Asens ha señalado que presentaron la denuncia ante la Fiscalía cuando detectaron estos indicios penales, tras lo que ha pedido a la Fiscalía celeridad y contundencia en la investigación, y ha hecho un llamamiento a la empresa para que «no tenga la tentación de destruir indicios y elementos de prueba que puedan dificultar la investigación». POSIBLE RESCISION DEL CONTRATO. De si lado, el gerente de recursos del consistorio, Joan Linares, ha explicado que preparan medidas cautelares, y ha resaltado que, en función de lo que determine la Fiscalía y la investigación, «las consecuencias podrían acabar con la rescisión del contrato, o incluso con la inhabilitación para contratar con otras administraciones públicas» para FCC –que opera en Ciutat Vella, Gràcia y el Eixample–, en función del resultado y las conclusiones, ha insistido. El comisionado de Ecología, Frederic Ximeno, ha explicado que la empresa presuntamente defraudó mediante tres sistemas, y que con el que más dinero generó fue organizando «un mecanismo» por el que diariamente acudían entre ocho y diez personas menos a los operativos –compuestos por un total de 254–, algo que ocultaron eludiendo las más de 9.000 inspecciones que se hacen en los tres distritos al año.El segundo de los sistemas consistía en derivar residuos voluminosos y muebles a través de otros canales para no alcanzar los tramos por los que la empresa cobra menos a partir de cierta cantidad, como hizo también con los envases, que se mezclaban en un tercer circuito con otros residuos para no alcanzar estos tramos, método con el que cobró unos 6.000 euros más de lo debido.
Ha destacado que, según los indicios, este mecanismo afectó a 42 toneladas de las 6.000 que se recogen al año en la ciudad, y ha añadido: «Aunque la dimensión es la que es, no hay dimensión posible. Es absolutamente intolerable. La ciudad y los ciudadanos tolerarán» lo que tachado como una trama maquiavélica que conocía cómo eludir los mecanismos de control y las inspecciones, aunque son aleatorias y no siguen un patrón, ha asegurado.Sanz ha coincidido en destacar que el consistorio «no tolera de ninguna forma estas actividades, e irá hasta donde sea necesario para demostrar que, con el Ayuntamiento de Barcelona, se tienen que hacer bien las cosas», ya sea FCC –que factura unos 100 millones de euros al año en estas zonas– o cualquier otra empresa.
«Es intolerable. Si se confirma, iremos hasta el final para que esta empresa devuelva hasta el último céntimo de euro que haya estafado a la ciudad», ha aseverado la teniente de alcalde, que ha explicado que han contactado con la empresa este mismo jueves, y que se reunirán próximamente.
CONTRATO HASTA 2019Ha destacado que han reforzado las inspecciones y que están preparando los pliegues de contratación para el próximo contrato –este finaliza en 2019–, y ha añadido: «Ante esto, tolerancia cero y máxima transparencia. Trabajaremos a fondo para conseguir que el nuevo contrato blinde las situaciones como esta para que esto no pueda volver a pasar».
Sanz ha añadido que la investigación inicial no involucra a ningún funcionario, tras lo que ha dicho a preguntas de los periodistas que no descartan que la empresa pudiera llevar a cabo prácticas similares también antes de 2013: «No descartamos que el fraude sea anterior. No tenemos pruebas, pero puede ser que se encuentren».
