El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha mostrado este martes la «disposición» del Gobierno a estudiar la petición de los pequeños empresarios y autónomos de penalizar a los proveedores que incumplan con el periodo medio de pago a proveedores fijado en la Ley de Morosidad.
Así lo ha señalado durante su intervención en el Pleno del Senado para responder a una pregunta del senador popular Vicente Aroca sobre las medidas a adoptar por el Gobierno para continuar con la reducción de la morosidad lograda en la legislatura anterior. Montoro ha destacado que el Ejecutivo está avanzando en la implantación de la factura electrónica, una solución tecnológica utilizada ya por «muchas administraciones» a través del Punto General de Entradas de Facturas Electrónicas (FACE) al que están adheridas ya más de 8.000 entidades locales. «El objetivo es seguir avanzando hacia el cumplimiento de los parámetros de la Ley de Morosidad», ha explicado Montoro, quien ha recordado que el año pasado la reforma de la Ley de Contratos exigió a los contratistas incluir el periodo de pago medio a los proveedores. Además, el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada el proyecto de Ley de contratos en el sector público que «potencia la contratación electrónica» y recoge como criterio de solvencia para poder contratar con la Administración que el adjudicatario del contrato justifique que cumple con el pago medio de proveedores. No obstante, Montoro ha dicho que en Hacienda saben que «no es suficiente» ya que hay una demanda de pequeños empresarios y autónomos a «estudiar y considerar» para fijar un periodo medio de pago a proveedores en el sector privado para aquellos que no lo cumplan. A este respecto ha mostrado su «disposición» a estudiar dicha medida. «Hay disposición del Gobierno a atender estas solicitudes y peticiones si queremos garantizar la recuperación económica y el empleo. Hay que descartar por completo el incumplimiento de la Ley de Morosidad», ha apostillado. El titular de Hacienda ha recordado que el Gobierno afrontó desde 2012 un «gravísimo problema de morosidad», con una deuda comercial de las administraciones públicas creciente en «peor momento de la crisis económica y de financiación». Sin embargo, a través de la creación de mecanismos como el Plan de pago a proveedores, el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y la financiación directa a través del ICO, se ha conseguido reducir la morosidad de las administraciones «a niveles que cuesta recordar». En este sentido, ha destacado que los proveedores de las administraciones públicas tienen la «seguridad» de que pueden financiar sus ventas en el ámbito de la sanidad, la educación o protección social. «Son pequeños empresarios, autónomos, grandes empresas, multinacionales, ONG que tienen la seguridad de que su prestación se cobra», ha subrayado.
