Andalucía acude «con afán de pacto» pero no se levantará de la reunión «hasta que haya algo más de margen»

La consejera de Hacienda y Administraciones Públicas andaluza, María Jesús Montero, ha mantenido este jueves que el planteamiento inicial de la comunidad es que las dos décimas de más del objetivo de déficit sean para las comunidades autónomas y ha mantenido que, pese a que acude, «con afán de pacto», no se levantará de la reunión «hasta que no haya algo más de margen».

En declaraciones a los medios de comunicación en Madrid, antes de entrar en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), ha constatado que las regiones tienen ese «afán de diálogo» y que su postura es reclamar esas dos décimas para 2017, hasta el 0,7 por ciento del PIB, de modo que sirva para financiar política educativa, sanitaria o social. Cada décima supone casi 150 millones de euros.

La consejera ha reiterado que no se trata «de qué administración disfruta de más o menos flexibilidad» sino «cuáles son las necesidades de los ciudadanos y qué hay que financiar con ese mayor margen que da Bruselas y que para nosotros pasa por el Estado de Bienestar, es decir, Educación, Sanidad, Política sociales y Seguridad Social».

Montero ha dicho que en el periodo 2011-2015 han sido las comunidades y los ayuntamientos los que han hecho una reducción del gasto público del 95 por ciento del esfuerzo que le correspondió al Gobierno de España y se han beneficiado «poco» del objetivo de déficit.

«Ahora toca que podamos disfrutar el mayor margen que concede Bruselas y de la capacidad que tengamos de que los servicios públicos puedan revitalizarse y los ciudadanos legitimen lo que nos hace iguales a todos», ha defendido.

Así las cosas, la responsable andaluza ha confiado en que el Gobierno retire la propuesta que hasta la fecha ha trasladado, del 0,5 por ciento, porque –ha mantenido– «sería poco menos que despreciar las políticas fundamentales».

Por otro lado, la consejera ha dicho que, al margen de la discusión sobre el objetivo de déficit, está la regla de gasto y ha señalado que desde Andalucía «hay una discrepancia fundamental sobre cómo se aplica» y ha reiterado que lo que plantea con la reducción de la regla de gasto para las comunidades y los ayuntamientos es para que estas administraciones puedan emplear el superávit que tienen en inversiones que puedan ser financieramente sostenibles.

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