Esquerra Republicana quiere que el Congreso se pronuncie sobre la construcción de peajes de titularidad estatal en Cataluña, y por eso ha registrado una moción para instar a su prohibición que se votará en el Pleno del próximo 13 de diciembre.
En la moción, recogida por Europa Press, la formación reclama que no se amplíe la concesión de las autopistas de peaje AP-7 y AP-2 ni tampoco sus tarifas. Esta petición responde ante el temor expresado de ERC de que el rescate de las «autopistas radiales madrileñas quebradas» quiera sufragarse «a costa de alargar la concesión» de estas dos vías. La moción se deriva de la interpelación formulada por la diputada Teresa Jordà al ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso durante el pasado miércoles. FOMENTO YA DIJO QUE NO AMPLIARIA LA CONCESIONEn su intervención, De la Serna aseguró que no ampliará los plazos de concesión de la explotación de autopistas de peaje por parte de empresas privadas que vencen entre los próximos tres y cinco años (entre 2018 y 2021), que entonces pasarán a manos del Estado para, «en su momento, decidir la mejor forma de explotarlas».
Eso sí, el ministro no concretó la fórmula que se baraja para gestionar a partir de entonces las vías, esto es, si el Estado las explotará directamente o bien volverá a sacar a concurso la concesión de su gestión a una empresa. «Fomento no contempla a corto plazo prorrogar los plazos de concesión de las autopistas catalanas ni de ninguna otra», aseguró De la Serna. «La previsión es que cuando venza el plazo, la autopista revierta al Estado, que decidirá en ese momento la forma de explotarla», añadió. Una media docena autopistas de peaje culminan en los próximos años el plazo por el que en su día el Gobierno contrató con empresas privadas su construcción y posterior explotación. Se trata de la AP-1 Burgos-Armiñón, cuya concesión vence en 2018, de la AP-7 Tarragona-Alicante y la AP-4 Sevilla-Cádiz, que concluye en 2019, y de dos tramos de la AP-7 (La Jonquera-Barcelona y Barcelona-Tarragona) y la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo, que termina en 2021.LOS CATALANES, «HARTOS DE PEAJES»
De su lado, en su intervención en el Congreso, la diputada de Esquerra Republicana, Teresa Jordà, aseguró que «los catalanes están hartos de pagar peajes de autopistas», que «son más caros» que la media del resto del país, y con los que, según sus datos, «ya se ha pagado hasta 25 veces» el coste de algunas vías. «Se trata de una de las discriminaciones más sangrantes entre territorios», aseguró.
El ministro ve esos argumentos como un «discurso victimista» y sostiene que Cataluña no es la comunidad «con más autopistas de pago en relación con vías libres de peaje en función del PIB de su población». Además, indicó que son más caras las que dependen de la Generalitat, que suman 212 kilómetros, frente a las estatales (453 kilómetros).
