La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido un informe en el que advierte de que las previsiones de crecimiento de la demanda de gas en 2017 del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital podrían no alcanzarse en su totalidad, lo que crearía unas desviaciones en los ingresos que harían necesario revisar los peajes y cánones.
El organismo presidido por José María Marín Quemada ha publicado un informe sobre la Orden del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital por la que se fijan los peajes de acceso de energía eléctrica y de gas para 2017. Respecto al sector gasista, Competencia considera que la previsión de crecimiento de la demanda planteada por Energía para el año que viene «podría no alcanzarse en su totalidad» y por «ello existe un riesgo de desviaciones de los ingresos que podrían provocar un déficit», lo que «haría necesario revisar los peajes y cánones aplicables». En el caso de los costes de este sector para 2017, las previsiones del Ministerio están «alineadas» con las de la CNMC, según señala el organismo en su informe. En cuanto al sector eléctrico, la CNMC considera que los ingresos regulados previstos para 2017 son suficientes para cubrir los costes y, en consecuencia, se mantienen congelados los peajes. No obstante, Competencia señala que no ha podido valorar los ingresos por peajes de acceso a consumidores y generadores, ya que en la memoria que acompaña a la Orden «no se aporta la información necesaria». Por otra parte, la CNMC considera «inadecuado» el mecanismo de financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del 50% del coste de las instalaciones de producción renovable ubicadas en territorio insular.«De forma coherente, tampoco se deberían llevar a cabo las regularizaciones propuestas para incluir dichos costes en el cálculo realizado para los años 2015 y 2016», advierte la CNMC, que identifica «otras dificultades operativas» en la propuesta del Ministerio.
En los informes aprobados, la CNMC pide a Energía que apruebe de forma urgente las modificaciones legislativas necesarias para adecuar sus competencias con las que tienen el resto de reguladores europeos de acuerdo con la normativa comunitaria.
