Valladolid Alta Velocidad, abocada al concurso de acreedores y la liquidación

Valladolid Alta Velocidad, sociedad pública constituida en 2003 para promover un desarrollo urbanístico a partir de la integración del AVE en esta ciudad, solicitará concurso de acreedores como paso previo a su liquidación, con un agujero patrimonial de 404 millones de euros.

Así lo acordó el consejo de administración de la firma, participada por Adif, Renfe, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid, una decisión que será ratificada en junta de accionistas el próximo mes de enero.

De esta forma, Valladolid Alta Velocidad será la primera de la decena de sociedades similares que se constituyeron hace unos años para abordar los accesos del AVE a distintas capitales que se liquide ante los problemas económicos financieros que todas ellas atraviesan.

Las sociedades se constituyeron con el planteamiento de costear los accesos del AVE a distintas ciudades, en muchos casos de forma soterrada, mediante la venta y aprovechamiento de los terrenos que quedaran desafectados de los usos ferroviarios. No obstante, el desplome del valor del suelo durante los años de la crisis, convirtió en inviables estos proyectos.

En el caso de Valladolid Alta Velocidad, presenta un agujero patrimonial de 404 millones de euros y una «complicada situación económica» que le impide atender al pago de los vencimientos de deuda. En concreto, debía afrontar 62,5 millones antes del día 31 y otros 75 millones el 1 de enero.

«La sociedad no tiene recursos para hacer frente a estos pagos y no puede continuar con esta situación», explicó el alcalde de Valladolid, Oscar Puente, tras la reunión del consejo de administración de la sociedad.

No obstante, la decisión del consejo de la firma de acogerse al proceso concursal tiene lugar después de que el Ayuntamiento de la ciudad rechazara asumir las condiciones que ponía el Ministerio de Fomento para inyectar 130 millones de euros para hacer frente a dichos pago.

Las condiciones pasaban por que los socios de la empresa se comprometieran a asumir la deuda, bien mediante el pago de los intereses o mediante un compromiso por escrito.

En este sentido, el presidente de Adif, Juan Bravo, indicó que Fomento ha hecho «todo lo posible» para solventar la difícil situación económica de la sociedad, «pero en la reunión se ha demostrado que no era posible a través de esa vía alcanzar un acuerdo que dejara satisfechas a todas las partes».

«El planteamiento inicial de la sociedad, basado en la financiación mediante las operaciones urbanísticas con el suelo que quedase liberado, ya no son viables», reconoció.

PROYECTO MAS REALISTA.

En este sentido, los socios coincidieron en señalar que pese a la «muerte» de Valladolid Alta Velocidad como «instrumento» para materializar la integración del ferrocarril en la ciudad, todos mantienen la intención de continuar con el proyecto «con otros planteamientos realistas».

«No se renuncia en absoluto al soterramiento, a una solución ferroviaria», aseguró el alcalde de Valladolid, quien abogó por buscar junto a Adif una solución «más óptima».

Valladolid Alta Velocidad está participada por Adif en un 37%, por Renfe, con otro 12,5% y por la Junta regional y el Ayuntamiento de la capital castellanoleonesa, con un 25% cada uno.

Se trata de una de las sociedades que Fomento, a través de Adif y Renfe, constituyó con el mismo fin con distintas administraciones autonómicas y locales, a comienzos de la pasada década. En concreto, se constituyeron en Zaragoza, Valencia, Logroño, Gijón, Barcelona (en este caso para levantar la estación de Sagrera), Cartagena, Murcia y Alicante.

A cierre de 2015, Adif tenía provisionados unos 170 millones de euros en sus cuentas, por su exposición ante su participación en estas firmas.

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