El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha acordado, por cuatro votos a favor y uno en contra, establecer un conjunto de límites y condiciones de imprescindible implantación antes de que la central nuclear de Santa María de Garoña -si el Gobierno le concede una autorización– pueda cargar combustible y empezar a producir electricidad.
Según ha informado en rueda de prensa el pleno, con el presidente, Fernando Martí, a la cabeza, sus consejeros, el director de seguridad técnica y de protección radiológica, el Consejo ha evaluado la solicitud formulada por Nuclenor, el titular de Garoña para conocer las condiciones para operar hasta 2031, cuando llegue a la edad de 60 años, aunque en el dictamen no establece una fecha máxima, algo que alegan que corresponde, en su caso, al Gobierno. El director de Seguridad Nuclear, Antonio Munuera, ha explicado la propuesta, a la que se opone la consejera Cristina Narbona, y que incluye ocho condiciones relativas a las autorizaciones de explotación genéricas pero otras dos más específicas con modificaciones muy específicas, como el aislamiento de la contención primaria o la protección de equipos frente a una potencial caída del techo de la turbina a consecuencia de un gran incendio o la separación y aislamiento del cableado, que están «prácticamente finalizadas» pero también «muchas otras» que, según estima Nuclenor, le podrían llevar «al menos 12 meses de trabajos». Tanto el presidente del CSN, Fernando Martí, como el resto de consejeros, Rosario Velasco (vicepresidenta), Fernando Castelló y Javier Dies, han defendido el rigor y la independencia del cuerpo técnico y han informado de que al regulador «únicamente» le corresponde poner las condiciones y «evaluar» pero que la decisión definitiva corresponde «únicamente» al Gobierno. Del mismo modo, se han desvinculado sobre la «capacidad» de marcar la política energética nacional con una decisión que, por primera vez, pondrá a una central nuclear en la operación a largo plazo, los 60 años de edad, si el Gobierno así lo determina. En todo caso, el informe favorable no establece una fecha de autorización pero sí que las Revisiones Periódicas de Seguridad que deberá pasar Garoña serán, como mucho cada 10 años, «y la próxima le toca en 2023», según ha precisado Velasco. Por su parte, la consejera Narbona ha explicado los motivos por los que ha votado en contra del informe y por lo que emitirá un voto particular el próximo viernes 10 de enero. En su opinión, el regulador no debería ni siquiera tomar una decisión sobre la cuestión sin que la planta burgalesa hubiera terminado de implantar «todas» las condiciones y modificaciones previas». ((Habrá ampliación))
