El coste de la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña oscila entre 100 y 200 millones de euros, mientras que su desmantelamiento ronda los 600 millones, de los que las empresas habrían de asumir cerca de 100 millones y la sociedades estatal Enresa, el resto, indicaron a Europa Press en fuentes del sector.
La inversión para la reapertura contempla las mejoras en seguridad recogidas en el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) publicado esta semana, en el que se fijan 10 condiciones, 15 instrucciones técnicas complementarias y un programa de pruebas de arranque para que la central reinicie su actividad. También se incluye el coste de fabricación de cinco contenedores de almacenamiento y transporte del combustible, así como del almacén temporal de combustible gastado en la central burgalesa. En lo referido al desmantelamiento, este proceso, que habrá de abordarse de forma inevitable se reabra ahora o no la central, ha de asumirse en un primer momento por la titular de la central y, posteriormente, con recursos públicos procedentes de Enresa. En el caso del esfuerzo privado, en el que se inscribe la llamada fase de predesmantelamiento, Nuclenor acumula provisiones por valor de 106 millones de euros para esta actividad, según el último informe anual de la empresa. Nuclenor indica que las tareas de predesmantelamiento están en marcha y tienen una duración de tres años, si bien advierte de que la situación puede ser «reversible» si se produce un cambio en las circunstancias que condujeron a las empresas a detener la actividad en 2012. De llegar a su fin, la fase de predesmantelamiento concluiría con la extracción del combustible de la piscina, momento en el que la sociedad estatal Enresa se haría cargo de la titularidad de la instalación y de la totalidad de los costes del desmantelamiento propiamente dichos. EL COSTE DE ENRESA, 500 MILLONES. En ese momento, Enresa debería asumir, según las fuentes y conforme a las estimaciones de experiencias anteriores en la industria nuclear, un coste cercano a los 500 millones de euros. La sociedad estatal dispone de un Fondo de Gestión de Residuos Radiactivos con recursos cercanos a los 3.000 millones, contra el que se carga el coste del desmantelamiento de la central. Las fuentes explican que este fondo es suficiente para completar los desmantelamientos en marcha, que son los de las centrales José Cabrera y Vandellós I, así como el de Garoña, si bien tendría dificultad para cubrir el coste del eventual cierre del parque atómico español. Esta circunstancia obligaría a recurrir a fondos adicionales, previsiblemente a través de la tarifa eléctrica o de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). DESEQUILIBRIO PATRIMONIAL. Garoña se encuentra en la actualidad en condición de cese y con todo el combustible almacenado en sus piscinas, como viene sucediendo desde que en diciembre de 2012 la empresa decidiese suspender la actividad en respuesta a los impuestos eléctricos de la Ley 15/2012. La empresa se encuentra en la actualidad en una situación de desequilibrio patrimonial en la que el patrimonio neto se ha situado por debajo de la mitad del capital social.
