La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con un total de 6,12 millones de euros a trece fabricantes de hormigón y a uno de sus directivos por formar un cártel para repartirse el mercado de la obra pública en Asturias durante al menos quince años, con el consiguiente «encarecimiento» del coste de las obras para la Administración Pública.
Lagarge es la compañía a la que se impone la mayor sanción, por importe de 1,85 millones de euros, mientras que Gedhosa y Hansos tendrán que pagar multas de 1,75 y 1,71 millones de euros, respectivamente. El resto de empresas sancionadas, que afrontan multas de entre 1.880 y 136.877 euros, son Horavisa, Fhisa Panelastur, Pelayo, Horsella, Gonasa, Juan Roces, Cadesa H.Aviés y EssentiUm. Además, el ‘superregulador’ ha multado con 12.000 euros al directivo de Fhisa, Moisés Ferreras Fernández. El ‘superregulador’ considera probado que todas estas compañías conformaron un cártel para repartirse el mercado del suministro de hormigón y fijar su precio en distintas zonas de Asturias, una alianza contraria a la Ley de Competencia que mantuvieron durante quince años. En este tiempo, pactaron asignarse entre ellas obras públicas y privadas, e intercambiarse información para conseguir contratos. Además, realizaban un seguimiento de los acuerdos alcanzados, «que mantenían en secreto», según detalla el órgano que preside José María Marín Quemada. Este seguimiento se realizaba tanto mediante reuniones, como con envíos de correos electrónicos e incluso de ‘Whatsapps’ y faxes, en los que para dificultar la identificación los responsables se ponían pseudónimos, en concreto se identificaban a través de números. La CNMC recuerda que los cárteles constituyen una de las prácticas más «dañinas» de la economía por sus «nocivos efectos sobre el consumidor», si bien en este caso se ve agravado por el hecho de que encarecieron las obras que la Administración realiza a costa del erario público. Según la comisión, la alianza entre estos fabricantes de hormigón afectó a grandes obras como la construcción del Hospital Universitario Central de Asturias o del Puerto del Musel en Gijón. ‘MODUS OPERANDI’. En el primer caso, los fabricantes de hormigón sancionados compitieron en consorcio por la obra «cuando en realidad no era necesario». En el puerto, sólo dos empresas figuraron como suministradores oficiales, cuando en realidad nueve hormigoneras del cártel acordaron repartirse el suministro de hormigón entre todas ellas. La CNMC considera además acreditado que, además de repartirse el mercado, las empresas multadas acordaron repartirse los clientes y fijar los precios a los que se suministraba el hormigón, «precios que se iban registrando en unas tablas con la relación de obras adjudicadas, identificadas por una breve denominación y por el nombre del cliente».
