El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, manifestó su «convencimiento» de que la reforma de la estiba «saldrá adelante», y para ello «retomará personalmente» los contactos con los distintos grupos políticos e «instará» a que se pueda alcanzar un acuerdo en el plano laboral entre empresas y sindicatos.
«Vamos a ver si entre todos podemos dar un poco de cordura a esta situación», señaló De la Serna en declaraciones a Onda Cero que recoge Europa Press. El ministro asumió la responsabilidad de lo ocurrido con Decreto Ley con el que el Gobierno ha intentado abordar la reforma y que el Congreso tumbó este jueves. «Se nos paga para estar a la altura y ejercer nuestra responsabilidad, y la responsabilidad es mía, no es de nadie más», indicó. «Ahora tenemos desgraciadamente que afrontar el momento en que estamos sin el Decreto Ley», añadió. En este sentido, De la Serna confió en que un próximo acuerdo entre patronal y trabajadores, tras el que «ya no haya problema para tramitar» un nuevo Decreto Ley. «Espero que haya responsabilidad por parte de sindicatos y patronal y se cierre el acuerdo», indicó. «El Gobierno va a estar ahí porque, además, uno de los puntos de la propuesta de acuerdo que ha planteado es una comisión de seguimiento para garantizar que se cumpla el eventual acuerdo», remarcó respecto a la petición de las partes y los grupos políticos de que el Ejecutivo se siente a negociar. «Es voluntad del Gobierno estar ahí», insistió. En cuanto a la labor que le corresponde al Ejecutivo, la de promover un nuevo texto legal, indicó que el eventual nuevo Decreto Ley «es imposible que sea muy distinto» del que el Congreso rechazó, dadas las limitaciones que la Comisión Europea establece para garantizar que el régimen legal de la estiba cumpla con el derecho comunitario. Además, De la Serna recordó que el texto que tumbó la Cámara Baja ya contaba con el ‘visto bueno’ de la Comisión, dado que se ajustaba «estrictamente» a lo que indicó la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 2014. «POCA CAPACIDAD DE MANIOBRA». «Tenemos unas limitaciones enormes y muy poca capacidad de maniobra como Gobierno porque estamos obligados a cumplir con esta sentencia, que es contra el Reino de España, no contra el Gobierno, con lo que es responsabilidad de todos cumplirla», indicó en referencia a la sanción ya impuesta, que acumula una multa de 21,5 millones de euros, y cuyo incumplimiento puede acarrear una segunda multa a razón de 134.000 euros al día. «De ahí la urgencia de hacerlo», subrayó el ministro, que aseguró haber hablado «durante horas y horas» con los grupos políticos antes de la tramitación del Decreto, de los que no recibió «ninguna aportación». «El debate político tuvo poco que ver con el contenido del Decreto Ley», reprochó. De la Serna también señaló como una de las principales causas de rechazo la posición de fortaleza que, según asegura, daba a los sindicatos en la mesa de negociación con la patronal el hecho de que «algunos grupos, como el PSOE y Podemos, adelantaran su intención de no convalidar el texto».
