El presidente de Mercasa, Eduardo Ameijide, ha afirmado que su dimisión permitirá a la compañía pública poder desarrollar sus operaciones en un ámbito de «mayor normalidad», al tiempo que ha subrayado tener la conciencia «plenamente tranquila».
Ameijide ha comunicado esta mañana su dimisión, mediante sendas cartas enviadas a la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y a la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Pilar Platero. En sus cartas, informa de que adopta esta decisión como consecuencia de las investigaciones judiciales relacionadas con actuaciones de la participada Mercasa-Incatema. «Ante esta situación, que compromete el buen nombre y la reputación de Mercasa, así como el mío propio, aunque mi conciencia está plenamente tranquila y no tengo nada que ocultar, considero que debo presentar mi dimisión con carácter irrevocable», señala Ameijide en la misiva. «Con esta decisión quiero descargar a Mercasa de la tensión que se pudiese derivar por mi continuidad. Esto me permitirá defender mi proceder al frente de la misma y mi honorabilidad con mucha mayor libertad y dedicación», subraya. Asimismo, Ameijide destaca que su decisión permitirá que Mercasa pueda desarrollar sus operaciones en un ámbito de mayor normalidad, al tiempo que reitera su voluntad de seguir colaborando con la Administración de Justicia hasta el total esclarecimiento de las investigaciones en curso. La dimisión de Ameijide como presidente de Mercasa se formalizará en el consejo de administración de la empresa, que está convocado para el próximo martes 25 de abril. Asimismo, Mercasa ha cesado a Pablo González González, hermano del expresidente madrileño Ignacio González, así como a María Jesús Prieto Jiménez, directiva de la empresa, como consecuencia de la investigación abierta a estos directivos, según ha informado este viernes la SEPI. La SEPI ha explicado que «la decisión de renovar parte de la dirección de Mercasa» deriva de la investigación abierta a estos directivos y del compromiso de ofrecer la máxima colaboración, «sin ningún tipo de trabas», a la Administración de Justicia. Asimismo, la SEPI ha señalado en un comunicado que espera que los responsables de Mercasa afectados por esta investigación puedan acreditar «una actuación ajustada a la más estricta legalidad y conforme a Derecho».
