El conseller de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Jordi Baiget, ha pedido este jueves que el Gobierno central analice todas las alternativas posibles sobre el futuro del fallido almacén subterráneo de gas Castor –situado frente a la costa de Tarragona y Castellón– y tenga en cuenta «la que sea más beneficiosa para el territorio, el medio ambiente y la ciudadanía».
En declaraciones a la prensa después de presentar el Global 3D Printing Hub de Barcelona, ha considerado que, tras conocerse este miércoles el informe encargado al Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) y a la Universidad de Harvard, el Ejecutivo central debe «rendirse ante la evidencia». Ha considerado que «había cosas que era muy atrevido tirarlas adelante sin tener los informes suficientes», y que si se hubiese hecho caso de los informes no se hubiese tenido que autorizar el almacén, pero cree que el Gobierno español actuó de manera unilateral. «Bienvenido sea –el informe del MIT– si ha propiciado lo que era una evidencia, que este depósito de gas no se debería haber empezado nunca», ha aseverado. «Ahora el mal ya está hecho, lo que queremos es que la repercusión del coste de lo que se ha hecho no lo tengamos que pagar en el recibo del gas todos los ciudadanos», ha agregado, y ha afirmado que la Generalitat continuará luchando para evitarlo por la vía judicial –tiene causas abiertas en el Tribunal Constitucional y la Audiencia Nacional– porque lo ve injusto. CAUSAS ABIERTASLa Generalitat interpuso en 2014 un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley 13/2014 por el que el Gobierno español reconocía una indemnización de 1.350 millones de euros para los promotores del almacén de gas Castor y repercutía esta cantidad en la tarifa del gas.
El recurso se fundamenta en el hecho de que este decreto ley implanta un régimen singular y diferente de lo que resultaría de la aplicación de la legislación general, y también en que no concurría una urgencia extraordinaria para justificar esta figura jurídica. Según el Ejecutivo catalán, este decreto ley vulnera la prohibición constitucional de la desigualdad arbitraria y dificulta el control de la garantía de los derechos e intereses afectados por parte de la justicia. Además, el Govern ha interpuesto recursos contencioso administrativos ante las órdenes que cada año aprueba el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para establecer los peajes y cánones del sector gasista, donde se incluyen las partidas destinadas al mantenimiento del Castor, con el objetivo de que éstas no se trasladen a los usuarios. Baiget ha hecho estas declaraciones después de que el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Alvaro Nadal, haya señalado que el almacenamiento de gas de Castor no se reabrirá y que su desmantelamiento se produciría tras la elaboración de «muchos estudios» que permitan a su departamento tener las garantías de que esta decisión no va a suponer ningún problema. «Cuando se pueda hacer se hará», ha respondido Nadal tras conocerse las conclusiones del informe, que relaciona la inyección de gas realizada en la zona con la aparición de terremotos y reconoce que la decisión del Gobierno de parar la actividad de la plataforma fue la correcta. Actualmente, según dicen los expertos, la situación es estable.
