Standard & Poor’s (S&P) considera que el marco regulatorio para las actividades de transporte y distribución de electricidad y gas en España es «adecuado», pero detecta varias «debilidades» en el sistema, entre ellas la de que las retribuciones de Red Eléctrica de España (REE) y Enagás no estén vinculadas al IPC.
Al apelar a estas «debilidades» en un informe acerca de la regulación de las actividades de transporte y distribución en España, S&P indica que «por ley las tarifas para los operadores de transporte de gas y electricidad no están vinculadas al IPC». Otros puntos débiles son, desde su punto de vista, «la ausencia de un regulador independiente», «el déficit de tarifa remanente en el sistema» y «la sensibilidad de los distribuidores y transportistas de gas hacia los volúmenes de gas». En todo caso, el informe hace énfasis en que el entorno regulatorio ofrece «características consistentes con una ventaja regulatoria adecuada y fuerte». Los operadores de gas y de electricidad se benefician, según dice, de unos marcos regulatorios recientemente establecidos que se asimilan a los de un sistema «maduro» y en el que las condiciones se definen cada seis años de forma «transparente».
