Indra ha afirmado que no ha llevado a cabo ninguna conducta restrictiva de la competencia, ni directa ni indirectamente, después de que conocerse que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador a 25 empresas por supuestamente repartirse contratos públicos de instalación de sistemas de electrificación en líneas AVE y convencionales.
Fuentes oficiales de Indra han confirmado a Europa Press que la compañía ha sido notificada de la apertura de una investigación por parte de la CNMC por un presunto cártel que afecta a 25 empresas, un proceso que puede prolongarse hasta 18 meses. Las fuentes inciden en que hasta la fecha no se ha realizado en Indra ninguna inspección relacionada con este tema, como se ha informado que ha ocurrido con otras empresas. Además, añaden que la compañía ha facilitado toda la información que le ha solicitado el regulador, «manteniendo el más alto grado de colaboración con dicha institución». En este contexto, las fuentes señalan que «Indra estima que no ha llevado a cabo ninguna conducta restrictiva de la competencia, ni directa ni indirectamente», como a través de consorcios o UTEs, y remarca que siempre ha operado respetando las normas de la competencia. La CNMC ha abierto este martes un expediente sancionador a 25 empresas, entre las que figuran multinacionales como Alstom y Siemens, y grupos españoles como ACS, OHL, Isolux, Abengoa e Indra, por supuestamente conformar un cartel que se repartía contratos públicos de instalación de sistemas de electrificación en líneas AVE y también convencionales. El expediente del ‘superregulador’ es consecuencia de la investigación iniciada en 2016, en el marco de la cual realizó inspecciones en las sedes de Alstom y Elecnor el pasado año, y en las de Cobra (ACS), Electren y Siemens en enero de este ejercicio. En concreto, la CNMC asegura haber detectado indicios de que las empresas se repartían las licitaciones de contratos de construcción y mantenimiento de sistemas de electrificación y equipos electromecánicos en líneas convencionales, tanto de Alta Velocidad como convencionales. El órgano que preside José María Marín Quemada recuerda que la apertura de un expediente no prejuzga el resultado de la investigación, sino que inicia un periodo de 18 meses para instruirlo y enviar su resolución al consejo de la Comisión.
