El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha pedido la dimisión del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya declarado inconstitucional la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno Popular en 2012.
El sindicato celebra el «fuerte varapalo al Gobierno» que da esta sentencia, la cual considera que quiebra los principios de capacidad económica, igualdad y progresividad recogidos en el artículo 31.1 de la Constitución, y considera que Montoro «no veló por preservar los principios esenciales que deben regir el sistema tributario para que sea considerado justo, por lo que la continuidad del titular de la cartera de Hacienda es insostenible». El vicepresidente del sindicato, José María Mollinedo, ha manifestado en declaraciones a Europa Press su satisfacción por que la decisión se haya tomado de manera unánime, lo cual «no deja lugar a dudas» de una situación que el colectivo venía denunciando desde 2012. Según ha explicado Mollinedo, la Ley de amnistía fiscal quebranta el principio de contribuir conforme a la capacidad contributiva, ya que contempla un pago único del 10% «sin ninguna matización». «Daba igual que aflorasen 5.000 euros o 5 millones», ha denunciado. Además, el vicepresidente de Gestha ha indicado que la amnistía también infringe los principios constitucionales de igualdad. «Exigir un tipo tan bajo como el 10% era muy beneficioso para los contribuyentes que incumplían con el pago del IRPF –que exige tipos de hasta el 52%– o el Impuesto de Sociedades (30%), asegura. La Hacienda Pública reclama a las personas que no cumplen con sus obligaciones fiscales no solo las cantidades oportunas, sino además les exige intereses de demora y tiene la posibilidad de llevarlas ante la Fiscalía si superan los límites del delito fiscal. «Esto se trunca por la amnistía fiscal, que no les exige intereses, recargos ni sanciones y las personas alcanzan la exoneración del delito que cometieron en su día», ha explicado Mollinedo a Europa Press. El sindicato de técnicos de Hacienda ha denunciado el decreto ley de amnistía fiscal desde su aprobación en 2012, así como durante sus modificaciones posteriores. Uno de los apartados más criticados por el colectivo fue el que incluía la posibilidad de poder aflorar capitales en metálico que pudiesen acogerse de igual manera a la amnistía fiscal. «Nadie podía justificar el origen de ese dinero en metálico ni que procediera de los años 2008 a 2010, que son los años a los que podía acogerse la amnistía», ha apostillado. En este contexto, el sindicato ha mostrado su satisfacción por esta sentencia del Tribunal Constitucional, que ha declarado este jueves de forma unánime la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal aprobada en marzo de 2012 porque utilizó para ello el paraguas del Decreto Ley, lo que la propia Constitución prohíbe para este tipo de medidas. De haberse aprobado mediante una ley material en el Congreso de Diputados, Mollinedo cree que se hubiera evitado esta sentencia anulatoria, de manera que los grupos políticos «hubiesen podido debatir sobre la misma y presentar sus enmiendas».
