El sindicato de inspectores de Hacienda ha celebrado el «espaldarazo» del Tribunal Constitucional (TC) a las denuncias del colectivo sobre la inconstitucionalidad de la Ley de amnistía fiscal aprobada por el Gobierno Popular en 2012, según ha señalado en un comunicado.
En concreto, señala que el Tribunal Constitucional respalda su advertencia de que la norma «afecta a la esencia del deber contribuir al sostenimiento de los gastos públicos» y que acusa directamente al Estado de abdicar de una de sus principales obligaciones. «Nuestra asociación ya manifestó que comportaba un absoluto desprecio a los principios de igualdad y justicia tributaria», ha recordado. Por último, el colectivo ha valorado positivamente que la decisión se haya adoptado por unanimidad, ya que considera que este hecho otorga «una contundencia y rotundidad que augura la ausencia absoluta de un cambio de criterio en el futuro o de algún tipo de matización». El Tribunal Constitucional ha anulado la amnistía por haber sido aprobada mediante un Real Decreto Ley, pero esto no surtirá efectos en las regularizaciones por el principio de seguridad jurídica de la Constitución. De no haber pasado tanto tiempo y estar prescrita ya la posibilidad de comprobación al anular el Real Decreto Ley, sí que se podría exigir el 10% en vez del 3% que finalmente se pagó como consecuencia de las interpretaciones posteriores del Ministerio de Hacienda. El expresidente de la organización de Inspectores de Hacienda (IHE), José María Peláez, ha denunciado que se produjo «una triple amnistía: la recogida en el Decreto Ley, la que se dio por la Agencia Tributaria al no querer comprobar otros impuestos y la amnistía del blanqueo de dinero, ya que se pudo regularizar dinero en efectivo sin tener que declarar el origen de esos fondos». «Lo censurable de todo esto no solo es la amnistía inicialmente aprobada, que ahora ha sido declarada nula por el Tribunal Constitucional, sino todas las actuaciones posteriores para evitar comprobar que realmente se cumplió con la legalidad, que es la función que legalmente tiene la Agencia Tributaria y los inspectores de Hacienda», ha apostillado el expresidente de IHE. Por último, Peláez ha señalado que esto «reafirma aún más la necesidad del estatuto de la Agencia para garantizar una mayor independencia y profesionalidad en su actuación».
