La Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso ha aprobado las medidas propuestas por Ciudadanos y el PSOE para atajar el fraude fiscal, entre las que destacan instar al Gobierno a efectuar una revisión de la lista de paraísos fiscales, incluyendo a países que no estén colaborando «de forma efectiva» con la Agencia Tributaria, y una batería de sanciones para atajar estas prácticas.
La iniciativa, una proposición no de ley propuesta por la formación naranja y finalmente pactada con el PSOE, ha sido respaldada además por Unidos Podemos, Esquerra Republicana y Compromís. Por el contrario, el PP y el PDeCAT han optado por abstenerse. En la propuesta se recogen medidas dirigidas a las empresas registradas en España, para las que operen en España y tengan una tributación privilegiada en el extranjero, y para las que tengan sede en paraísos fiscales o estén controladas por otras radicadas en este tipo de países. A estas últimas se les exige que informen de sus titulares últimos a la Agencia Tributaria, tanto en los casos de posesión de inmuebles en España, activos financieros o cuando repartan dividendos o reembolsen capital. Si no lo hacen, propone revocar el Número de Identificación Fiscal (NIF) y, como consecuencia, el inmediato bloqueo de las cuentas bancarias y la inscripción de cualquier operación en el Registro de la Propiedad respecto a los bienes inmuebles de los que sea titular. En caso de que estas empresas estuvieran relacionadas con supuestos delictivos, el Congreso insta a establecer «la regla del enriquecimiento ilícito», para que sus bienes, por su vinculación con el responsable de un delito, queden sometidos a «la regla de la presunción de ilicitud y, por consiguiente, decomisados salvo que los responsables acreditasen que los correspondientes bienes proceden del lícito comercio». OBLIGACION DE INFORMAR A LA AEATRespecto a las empresas que operen en España, el Congreso reclama que las entidades financieras y grandes empresas –las que superen un volumen de actividad de seis millones de euros– estén obligadas a suministrar información a la Agencia Tributaria de cualquier operación que tenga como origen o destino una entidad domiciliada en un paraíso fiscal. En caso de que éstas no informen de dichas operaciones, exige su exclusión de toda contratación con la administración pública.
Asimismo, se demanda un mayor nivel información por parte a las empresas. Así, instan a «promover normas oportunas para que las entidades financieras informen sobre las operaciones de sus clientes en sus paraísos fiscales, en las mismas condiciones que dan información de los demás clientes». Por otro lado, llama a «actuar decisivamente contra la ingeniería fiscal» en el marco de la Unión Europea para evitar que empresas que realizan su actividad en España acaben tributando en otros países de la Unión de manera «privilegiada», como el caso denunciado por la Comisión Europea de Apple en Irlanda. También quieren que el acceso al Registro Mercantil en España sea público y gratuito, con el objeto de conocer los dueños reales de las empresas registradas en empresas registradas en España, «haciendo difícil el uso de estructuras societarias con testaferros o prestanombres», reseñan. ARTE, LINGOTES, JOYAS Y EFECTIVO, EN EL MODELO 720Por otro lado, el Congreso reclama que en las Declaraciones de Bienes y Derechos en el Extranjero se incluyan los activos de todo tipo que figuren en estos Depósitos Francos, «incluso en el supuesto de ‘Depósitos Temporales'».
En su exposición, Ciudadanos señalaba como «inadmisible que no se exija a los titulares de bienes y valores ubicados en Depósitos Francos su declaración explícita en la declaración de bienes en el extranjero», conocida como el Modelo 720. No exigir la declaración de obras de arte, lingotes de oro, joyas, efectivo no depositados en cuentas, siempre que no generen rendimientos supone, a juicio de Ciudadanos, una «vía abierta al fraude y a la evasión»: «Es un escándalo que debe concluir». UNA CUMBRE FISCAL INTERNACIONALLa iniciativa aprobada por el Congreso también reclama al Gobierno que avance en la implantación de un NIF y una Base imponible consolidada común (BICC) «armonizada en la Unión Europea como medio para que las empresas multinacionales tributen de manera más justa allí donde generan sus beneficios».
A nivel internacional, el Congreso insta a impulsar «una definición común de ‘paraíso fiscal'», promoviendo a través de la UE una cumbre Fiscal Internacional «parecida a la de París sobre Cambio Climático»; defender sanciones a Estados que concedan ventajas fiscales sin requerir actividad económica «sustantiva» y no intercambien información; y promover un debate en la UE para establecer «un impuesto de salida» sobre capitales que se trasladen a paraísos fiscales. Por último, reclaman que desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el G-20, el Gobierno impulse el desarrollo de un plan contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS).
