Globalvía demandará en los tribunales al Consell de Mallorca por rescindir unilateralmente el contrato de concesión de la explotación del túnel de Soller con el fin de liberarlo de peaje, por lo que le reclamará 31 millones de euros, importe que casi dobla el de 17,4 millones que la institución balear pretende abonar.
El grupo de concesiones controlado por tres fondos internacionales considera que se trata de una decisión «sin precedentes» en España, «injustificable» y que «generará una enorme inseguridad a los inversores». El Consell de Mallorca acordó el pasado mes de marzo rescindir el contrato de concesión de la explotación del túnel de Soller, con el fin de liberarlo de peaje para los usuarios a partir del próximo 1 de septiembre. Globalvía cuenta desde 1997 con el contrato de explotación de este túnel, cuyo plazo de concesión se extendía aún hasta 2022. Se trata de una infraestructura de 3,1 kilómetros de longitud que salva la sierra de Alfabia en el trayecto entre de Palma de Mallorca a Sóller y que registra una media de 4.400 vehículos diarios. El grupo de concesiones considera que el rescate del túnel para liberarlo de peaje atendiendo a una promesa electoral está «injustificado». Según sus datos, los residentes del valle de Sóller cuentan con subvenciones para pagar el peaje, que ven reducido así en un 75%. Además, la compañía indica que el 75% de lo que ingresa de la autopista procede de los conductores no residentes, en su mayor parte turistas. FICHA A LAS ‘BIG FOUR’. Por todo ello, Globalvía anunció su intención de «defender sus intereses». Para ello, ha contratado los servicios de las cuatro grandes firmas de consultoría y un despacho de abogados de prestigio internacional. El Consell ha remitido ya su expediente y las alegaciones presentadas por Globalvía al Consejo Consultivo para que emita un dictamen que, no obstante, no es vinculante, con lo que el Consell de Mallorca no está obligado a acatarlo. Por todo ello, la compañía considera que se verá abocada a plantear el caso ante los tribunales de Justicia. Además, a partir de los informes de sus asesores, estima el coste del rescate en 31 millones de euros, frente al de 17,4 millones calculado por la institución local. Además, Globalvía considera asimismo que la rescisión del contrato del túnel de Soller es «temerario» para las arcas públicas baleares, «no sólo por el propio coste del rescate de la infraestructura, sino por su posterior coste de mantenimiento, la subrogación de los trabajadores y las eventuales inversiones que habrán de realizar en seguridad del túnel dado el esperado aumento de tráfico».
